Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona impuso un año de prisión preventiva a nueve integrantes de la red criminal impactada en la Fase II de la operación Caimán y declaró el proceso de tramitación compleja.
La medida fue dictada por la jueza María Consuelo Valenzuela Pérez, de la Oficina de la Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona.
El Ministerio Público (MP) en la audiencia estuvo representados por los fiscales Sourrely Jáquez Vialet y Andrés Mena, de la Dirección General de Persecución y el fiscal titular de Barahona Wellington Matos.
La medida de coerción fue impuesta en contra de Malbin Martínez Feliz, Gloria González Pérez, Geise Feliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Jerbinson Bernabé López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.
Señalaron que el proceso judicial se conoció luego de varios aplazamientos a solicitud de la defensa que pidió más tiempo para depositar arraigos.
Los imputados, quienes cumplirán la medida en centros penitenciarios de la región Sur, enfrentan cargos por delitos de asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas, lavado de activos y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
En relación al imputado Welligton Ford Garó se desglosó el expediente y la audiencia se fijó para el 7 de mayo, en virtud de que la defensa técnica del acusado no se presentó a la audiencia.
En el proceso el MP ha establecido que la estructura trasegaba droga desde el departamento La Guajira, Alta Guajira, en Colombia, hacia la costa Sur de República Dominicana, en donde se ocuparon cargamentos de clorhidrato de cocaína durante la Fase I de la operación Caimán, que se puso en marcha el 10 abril.
Durante la operación fueron ocupados armas ilegales, incluyendo pistolas y escopetas, así como vehículos, drones, seis embarcaciones, brújulas, GPS y teléfonos satelitales.
También, planes de navegación que evidencian que eran para el tráfico internacional de cocaína, radio de comunicación, cargadores de fusiles, motores fuera de borda y evidencias de transferencias financieras con socios en Colombia.
El Ministerio Público desarrolló la operación junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo del Ministerio de Defensa (MIDE).
Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos.
La operación, desplegada por aire, mar y tierra, abarcó varias provincias del Sur y Santo Domingo Este en donde operaban los integrantes de la estructura del crimen organizado a la que se le han ocupado más de cinco toneladas de cocaína en los últimos meses.
Más de 40 fiscales participaron en las acciones antidelictivas en la que se realizaron 40 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este. En los operativos participaron alrededor de 500 miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas, incluyendo integrantes de sus unidades sensitivas.
