Santo Domingo.- La Federación Nacional de Abastecedores a Buques (FENABUQUES) denunció este lo que calificó como un “peaje ilegal” implementado por Marítima Dominicana, S.A.S., a través de cobros indebidos en todos los puertos del país, dirigidos exclusivamente a los suplidores de buques (Ship Chandlers).
Según FENABUQUES, la empresa, que actúa como agente consignatario de buques, exige pagos que oscilan entre RD$5,310 y RD$7,080 (incluyendo ITBIS) como condición para permitir la entrada de los suplidores a las instalaciones portuarias, práctica que consideran una violación al régimen jurídico nacional, al no estar amparada en ley, resolución o contrato alguno.
La organización señala que esta acción contraviene la Ley 5-23 de Comercio Marítimo, la resolución 47-96 del Ministerio de Hacienda, y la sentencia TC/104/13 del Tribunal Constitucional, que establece que solo el legislador puede crear tasas o tributos, prohibiendo que operadores privados impongan cobros sin habilitación expresa.
Además del cobro, FENABUQUES denunció que Marítima Dominicana habría exigido a los suplidores renunciar a su afiliación con la federación y sus asociaciones miembros, lo que constituye una grave violación del derecho constitucional a la libre asociación.
“Se está afectando la estabilidad económica de más de 47 mipymes del sector, además de crearse un ambiente de discriminación económica y abuso de poder”, afirmó Guillermo de la Rosa, presidente de FENABUQUES.
La federación también acusó a la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y a la concesionaria Haina International Terminals (HIT) de tolerar estas prácticas, que considera una usurpación de funciones públicas y un atentado contra la libre competencia.
Ante estos hechos, el caso ha sido elevado al Tribunal Superior Administrativo (TSA), en busca de una resolución judicial que ponga fin a lo que FENABUQUES describe como “una práctica sistemática, arbitraria e ilegal”.
El organismo exigió el cese inmediato y definitivo de los cobros, registros y condiciones impuestos por Marítima Dominicana, al tiempo que llamó a las autoridades competentes a intervenir para restablecer el orden jurídico en los puertos del país.