Santo Domingo, R.D.- El director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), José Alejandro Rodríguez, ha expresado su respaldo firme a los incentivos otorgados al sector cooperativo en República Dominicana, en un contexto donde el gobierno evalúa una posible reforma fiscal que podría afectar estos estímulos.
Rodríguez destacó la relevancia de las cooperativas como entidades clave para el desarrollo económico y social, especialmente en sectores como la vivienda, la salud, los seguros y la producción agropecuaria.
Exoneración de impuestos para cooperativas
Rodríguez explicó que las cooperativas, por su naturaleza y su rol de entidad no mercantil incorporada al Estado, no deberían pagar impuestos sobre sus excedentes mientras estos se mantengan dentro del capital institucional. “Los excedentes de las cooperativas, mientras sean parte de su capital institucional, no deben tributar”, afirmó.
Sin embargo, fue enfático al señalar que los socios sí deben pagar impuestos cuando retiran rendimientos generados por esos excedentes. “Si deben pagar impuestos cuando esos excedentes se pagan a un socio o usuario”, puntualizó.
El director de AIRAC insistió en que las cooperativas, al estar orientadas al bienestar colectivo, necesitan estos incentivos fiscales para seguir fomentando la inclusión financiera, especialmente en zonas rurales y en sectores marginados del país.
Subrayó que cualquier cambio en la política fiscal hacia las cooperativas podría impactar negativamente a miles de dominicanos que dependen de estos servicios para acceder a créditos, vivienda, y otros servicios esenciales.
El impacto económico del cooperativismo
Uno de los puntos clave de la defensa de Rodríguez es que, al fortalecer el cooperativismo en áreas como el consumo, la agroindustria y los servicios públicos, el Estado puede generar mayor recaudación de manera indirecta, a través del dinamismo económico que propician estas entidades.
Citó como ejemplo el sector agropecuario, donde las cooperativas de producción de leche contribuyen a sustituir la importación de productos lácteos extranjeros por producción local. “En vez de pagar a los europeos o costarricenses por la leche, producimos leche local, lo que aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores del sector lechero que son dominicanos y consumen en el país, generando impuestos a través de sus compras”, explicó Rodríguez.
En su intervención, también mencionó que las cooperativas generan beneficios para el Estado al crear un sistema más inclusivo y eficiente para la economía popular. Según Rodríguez, si el Estado priorizara los incentivos al cooperativismo en lugar de enfocarse tanto en las Mipymes, el impacto económico sería “miles de veces más barato y más eficiente”, al facilitar la dinamización de la economía desde la base.
Además, sostuvo que esta política de incentivos está avalada por la Constitución dominicana, específicamente en el artículo 222, que promueve el cooperativismo como parte del desarrollo económico nacional.
La importancia de la rendición de cuentas
Rodríguez también destacó la necesidad de que las cooperativas rindan su “balance social”, que es un informe que mide el impacto de sus actividades en el bienestar de las comunidades que atienden.
Señaló que, a diferencia de las empresas mercantiles, cuya responsabilidad social es voluntaria, para las cooperativas y ONGs es un mandato legal. “Las cooperativas no solo deben cumplir con sus responsabilidades fiscales, sino también demostrar su impacto positivo en la sociedad”, indicó.
Para Rodríguez, las cooperativas no solo representan una alternativa económica viable, sino también un modelo de desarrollo que puede contribuir al bienestar social en diversos sectores. Destacó la necesidad de expandir el modelo cooperativo en áreas como el consumo —con farmacias, supermercados y ferreterías cooperativas—, así como en el sector vivienda, donde las cooperativas podrían desempeñar un papel crucial para garantizar el acceso a viviendas asequibles y dignas para las familias dominicanas.
Reforma fiscal en la mira
El informe reciente del FMI, correspondiente a la misión de consulta del Artículo IV de 2024, señala que, aunque el sector financiero dominicano ha demostrado una notable resiliencia, existen áreas críticas que requieren atención urgente. Una de estas áreas es la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorros y créditos.
Según el informe, el gobierno busca optimizar la recaudación y reducir las exenciones fiscales, lo que ha generado preocupación en el sector cooperativo, que teme que la eliminación o reducción de incentivos pueda poner en riesgo su sostenibilidad.
En respuesta, Rodríguez insistió en que las cooperativas ya cumplen un rol esencial en la economía y que eliminarlas del esquema de incentivos podría generar un impacto negativo, no solo para las cooperativas en sí, sino también para las comunidades que dependen de ellas. “El modelo cooperativo es una forma de empoderar a las personas, especialmente a aquellas en las áreas rurales, dándoles acceso a servicios que de otra manera no podrían obtener”, concluyó.
El debate sobre los incentivos a las cooperativas sigue abierto, y se espera que tanto el gobierno como las entidades cooperativas continúen negociando un marco que permita mantener el apoyo a este sector clave sin comprometer los objetivos de la reforma fiscal
