Santo Domingo, R.D.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo martes 8 de octubre, a la 1:00 de la tarde, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José “Jochi” Gómez y otros cinco implicados en el presunto esquema de corrupción conocido como “Camaleón”.
El aplazamiento se produjo luego de que varios abogados defensores solicitaran tiempo adicional para revisar el expediente de acusación, alegando que no disponían de una copia física completa, y que las versiones digitales que tenían en su poder eran inadecuadas. Los juristas argumentaron que necesitan preparar mejor su estrategia de defensa y gestionar los recursos necesarios para representar a sus clientes de manera efectiva.
La audiencia, presidida por el juez Rigoberto Sena, fue reprogramada para el martes, día en que se espera que las partes involucradas presenten sus argumentos sobre la solicitud del Ministerio Público de imponer prisión preventiva como medida de coerción contra los acusados. La Fiscalía también busca que se declare el caso como complejo, debido a la naturaleza de los cargos y la extensión de la presunta red criminal.
Los imputados y los cargos
Además de Beras y Gómez, en el expediente figuran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien fungía como coordinador de despacho en el Intrant y representante de Beras ante el Comité de Compras de la institución; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Carlos José Peguero Vargas, empleado de confianza de Gómez y responsable de asuntos técnicos en la empresa vinculada al caso; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, otro colaborador cercano en la trama.
Los acusados están imputados por múltiples delitos, entre ellos lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado a través de licitaciones públicas, robo de identidad y crímenes de alta tecnología. Según el Ministerio Público, el grupo operaba una red de corrupción y crimen organizado que desvió recursos públicos a través de un proceso de licitación fraudulento que favoreció a la empresa Transcore Latam, propiedad de Jochi Gómez, para la gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El esquema de corrupción
De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, los imputados habrían utilizado su influencia dentro del Intrant para manipular el proceso de licitación y adjudicar contratos a empresas vinculadas a Gómez, con lo cual se habrían beneficiado de manera ilícita de recursos del Estado. Las investigaciones señalan que la red usó métodos sofisticados de falsificación y robo de identidad para encubrir las operaciones y evitar ser detectados.
El Ministerio Público afirma que cuenta con pruebas contundentes que implican a los acusados en una trama de corrupción a gran escala que afectó gravemente la eficiencia y seguridad del sistema de control de tráfico en el Gran Santo Domingo.
Expectativas para la próxima audiencia
Familiares de los imputados estuvieron presentes en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de poder ver a sus parientes, quienes permanecen detenidos en el Centro de Atención de Privación de Libertad del Distrito Nacional desde el pasado miércoles 2 de octubre.
Se espera que en la audiencia del próximo martes se presenten nuevas evidencias y que la defensa pueda ofrecer sus primeros argumentos formales contra las acusaciones. Mientras tanto, el Ministerio Público insiste en la necesidad de imponer prisión preventiva debido al riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados. También se ha sugerido que durante el curso de las investigaciones podrían ser vinculadas otras personas al caso, ampliando aún más la red de involucrados.
El caso “Camaleón” sigue captando la atención pública por la magnitud de los cargos y la implicación de altos funcionarios y empresarios en una presunta red de corrupción que afectó directamente la gestión del tráfico en una de las zonas más concurridas del país.
