La controvertida Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos desata polémica
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que otorga al presidente Javier Milei "superpoderes" por un año para decretar medidas en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas sin necesidad de aval del Congreso.
Esta ley también contempla la privatización total o parcial de una decena de empresas estatales estratégicas y modifica el régimen laboral, limitando el derecho de huelga y facilitando los despidos.
La votación, que siguió a una sesión maratónica, generó un intenso debate en la sociedad argentina debido al impacto que tendrán estas medidas en la vida cotidiana de los ciudadanos, el proyecto ahora pasará al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Entre los puntos más controvertidos de la ley se encuentra el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, lo que podría afectar a cerca de un millón de personas.
También se realizaron cambios en el régimen de monotributo y bienes personales, con una fuerte reducción en los impuestos que abonan los más ricos.
Además, la reforma laboral facilita los despidos y precariza las condiciones laborales, aumentando el período de prueba de los trabajadores de tres meses a un año y permitiendo que empleadores con hasta cinco trabajadores no estén obligados a reconocer la relación de dependencia ni pagar aportes patronales.
En cuanto a las jubilaciones, la ley aumenta la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años y elimina el sistema de "moratoria previsional", lo que dificulta aún más el acceso a la jubilación para quienes tienen empleo informal.
Por último, la ley afecta la soberanía energética al dejar de considerar prioritaria la producción de hidrocarburos por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), lo que permitirá exportar sin límites y con precios desregulados.
La aprobación de esta ley desencadenó críticas y protestas por parte de diversos sectores de la sociedad argentina, que ven en estas medidas una amenaza para los derechos laborales y el bienestar de la población. Ahora, queda en manos del Senado decidir el futuro de estas reformas.
