El consultor jurídico del poder Ejecutivo, Antoniano Peralta Romero, reiteró este miércoles ante los medios de comunicación que el gobierno central encabezado por el presidente de la república y candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinadel, no está impedido de inaugurar las obras del gobierno central durante el periodo de campaña municipal, pues las limitaciones que le establece la ley electoral están dispuestas para otra etapa.
Peralta Romero recordó que el artículo 210, inciso 2. El artículo 6 de la actual ley electoral define claramente un sistema diferenciado para municipios y administraciones. Señaló que al leer el texto mencionado se puede ver claramente la diferencia normativa entre distintos funcionarios, prohibiendo "cuarenta (40) días y sesenta (60) días antes del día de celebración de las elecciones de gobiernos locales"ejercer el cargo de el Presidente del Estado. y días. antes de las elecciones al Congreso y la fecha de las primeras obras públicas.
Señaló que cualquier intento de distorsionar la interpretación de esta norma y crear dos espacios diferentes prohibidos para el poder ejecutivo conduciría a una discriminación del poder ejecutivo desde el punto de vista del proceso electoral.Agregó que, por demás, una interpretación sesgada solo contribuiría a impedir que el presidente ejecute eficazmente su plan de gobierno en beneficio de la ciudadanía.
“Es lamentable que una norma tan clara como esta no sea correctamente entendida por algunos, ya que crea una confusión en la ciudadanía” señaló el funcionario. Agregó que asume que la mayoría de los que lo hacen llegan a esa conclusión por un error en la lectura de la ley y no por la malsana intención de dañar, pero, en uno u otro caso, debe corregirse y procurar el cumplimiento de lo que la ley realmente dice y no de lo que puede convenir a un sector”.
El consultor jurídico fue cuestionado por la prensa que cubre el Palacio Nacional y al explicar sus razones recordó que la Junta Central Electoral (JCE) también respalda esta interpretación, marcando el 20 de marzo como la fecha límite para el presidente y el 9 de enero para los alcaldes.
