Santo Domingo, R.D.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para las 11:00 de la mañana de este sábado 5 de octubre la audiencia de solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canáan (Jochi Gómez) y otros cinco imputados en una presunta red de corrupción vinculada a la licitación de la empresa Transcore Latam, encargada del manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público, que presentó el expediente el pasado viernes, solicitará la imposición de prisión preventiva para los siete acusados, y pedirá que se declare el caso como complejo, debido a la supuesta implicación en actos de crimen organizado. Según la coordinadora de Litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz, los detenidos enfrentan cargos por delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, coalición de funcionarios, robo de identidad y estafa contra el Estado a través de licitaciones públicas.
Además de Beras y Gómez, entre los imputados figuran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas, quienes están detenidos desde el pasado miércoles 2 de octubre en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Operación Camaleón
La denominada Operación Camaleón inició la noche del miércoles con una serie de allanamientos en residencias y empresas ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, vinculadas a los acusados. En los operativos participaron más de 30 fiscales especializados en crimen organizado, junto a 170 efectivos de la Policía Nacional y unidades especiales.
El Ministerio Público aseguró que entre los hechos investigados están la licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, un contrato con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, supuestamente utilizado para usurpar funciones de inteligencia del Estado, y un sabotaje ocurrido en agosto contra la red semafórica. Ortiz señaló que, a medida que avancen las investigaciones, otras personas podrían ser vinculadas al caso.