Por JOSE BAUTISTA
El Ministerio Nacional de Educación de la República Dominicana (MINERD) desvinculó y suspendió 32 profesores que acosaron sexualmente a sus estudiantes durante el período escolar 2023-2024 en diferentes ciudades y municipios del país, lo que debe avergonzar no sólo a nuestro país, sino la clase magisterial, pues siempre los padres han dado depositado su confianza en los “maestros” para que eduquen y capaciten a las alumnas y alumnos con los más estrictos rigores pedagógicos del Sistema Educativo Nacional.
Estoy impresionado y avergonzado de esa acción de esos mal llamados profesores, que mis padres definieron como nuestros segundos padres en los años 60, 70, 80 y 90, ya que nos decían que debíamos respetarlos dentro y fuera de las aulas de los centros educativos.
Esos “profesores” han dado una bofetada a la enseñanza educativa de la República Dominicana, debido a que esos señores se creían que impartían docencia en un burdel del bajo mundo.
El ministro del Ministerio Nacional de Educación, Ángel Hernández, debe llevar los 32 “profesores” desvinculados y suspendidos a manos del Ministerio Público para que esos individuos sean procesados con el imperio de la ley y llevados a las cárceles del país para que paguen sus delitos cometidos.
Los “maestros” violaron el Código de Ética del Ministerio Nacional de Educación de la República Dominicana, el cual fue aprobado a través de la Orden Departamental Número 13-2023, y que establece que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes deben ser académica y de servicio formativo. Además, prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes.
Asimismo, las medidas también dan cumplimiento al artículo 84 de la Ley 41-08, numerales 4, 14, 17 y 20 de Función Pública, que establece que este tipo de acto una falta de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo.
También otras faltas en las que incurrieron por su conducta inapropiada están vinculadas por sus conductas inapropiadas están vinculadas a incumplimientos a la Ley General de Educación 66-97, el Estatuto Docente y la Constitución de la República en sus artículos 44 y 56 sobre derecho a la intimidad y el honor de la persona, así como a la protección de las personas menores de edad, establece el MINERD.
Me imagino la impotencia que tienen los padres de esos estudiantes acosados sexualmente por esos monstruos de la educación de centros educativos del Distrito Nacional, Cotuí, La Vega y Santiago.
Se hace necesario que el Sistema Educativo Nacional trabaje en orden para que evite que sinvergüenzas de esa calaña no entren jamás como educadores para que no se continúe contaminando la pedagogía de la República Dominicana.
Pero, además, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo debe salir al frente para que esos “profesores” sean traducidos a la acción de la justicia.
Pido a la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, que aplique todo el peso de la ley para que esas bestias reciban el castigo que merecen.
