Derechos Humanos califica “intercambios de disparos” Policía como ejecuciones extrajudiciales  

Mercedes aprovechó la ocasión para dirigirse al jefe de la PN, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y a Faride Raful, ministra de Interior y Policía, para que no sigan replicando el mismo modelo de sus predecesores.  

Foto: fuente externa

Santo Domingo.- Las cifras de muertes de civiles a manos de agentes en acciones policiales a dos meses de que culmine el 2024, ya superan el número de fallecidos registrados en el 2023 y 2022 respectivamente. Según datos, en los últimos 10 meses, unos 87 ciudadanos cayeron abatidos en supuestos intercambios de disparos con agentes policiales. 

En ese sentido, el presidente Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, expresó su preocupación ante la tendencia de aumento en estos hechos indicando que se tratan de «tiros al blanco», no de intercambio de disparos. 

«Cuando analizamos profundamente la forma en cómo esto ha sido ejecutado, nos damos cuenta de que, real y efectivamente, al día de hoy no podemos incidir en que ha sido un intercambio de disparos desigual, donde solamente cae el perseguido y que hasta ahora mismo no se ha registrado que un agente en esos intercambios de disparos ha fallecido. Es decir, que estamos en presencia de tiros dirigidos, se le podría dar un certificado de tiro al blanco, de tiro exacto, que cuando se trata de la ejecución de un ciudadano están desarrollando los miembros que integran la Policía Nacional, y eso hay que pararlo porque eso va en deterioro del Estado de Derecho que debe primar en la República Dominicana conforme a la Constitución, los Pactos y Convenios Internacionales», expresó Mercedes.  

Al señalar que es inaceptable que durante el 2024 ya se hayan sobrepasado la cantidad de ejecuciones 
intrajudiciales del año anterior, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que durante los años del 97 a la actualidad no se ha detenido esa forma de sacar de circulación a ciudadanos que ellos entienden que son considerados sospechosos o que pudieran estar cometiendo actos ilícitos e ilegales. «Eso no da la facultad para eliminarlos físicamente porque en la República Dominicana no existe la pena de muerte». 

Mercedes reiteró que «ante esa situación de incremento de los intercambios de disparos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llama poderosamente a la actual ministra de Interior y Policía para que detenga esa situación de derramamiento de sangre y la cultura de asesinar y de matar que ya se ha instalado en las filas de esa institución policial, la cual debería estar al servicio de la protección y la defensa de los derechos humanos en el marco del actual sistema de reforma que muchos han hablado, pero que poco se está sintiendo en la población dominicana». 

Reforma policial  

El proceso de reforma policial que ha sido tan anunciado por el Gobierno, hasta el momento, solo se ha traducido y reflejado en el aumento salarial de los agentes y el posible cambio de imagen de la institución con los nuevos uniformes y vehículos presentados hace una semana durante el encuentro semanal con la prensa que realiza el presidente Luis Abinader.  

«Yo fui del grupo de trabajo que, conforme al decreto presidencial, propuso la propuesta de reforma para transformar a esa institución. Sin embargo, cuando evaluamos la propuesta que nosotros reformulamos y la que se ha estado ejecutando hay una diferencia y los resultados no se han traducido en que la sociedad pueda digerirlo, porque realmente así no ha sido, porque han continuado las ejecuciones, continúan los maltratos a ciudadanos, continúan los apresamientos ilegales, continúan sin desarrollarse la depuración en la que debe ser sometida esa institución, el método de reclutamiento sigue siendo el mismo, la formación que se le está haciendo a los nuevos miembros que se integran ahí es deficiente, y una serie de elementos que están en cojo en la reforma que no se han ejecutado tal y como lo planteó el grupo de trabajo para la reforma y la transformación de esa institución policial», explicó Mercedes.  

Llamado al jefe de la PN y a la ministra de Interior y Policía 

Mercedes aprovechó la ocasión para dirigirse al jefe de la PN, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y a Faride Raful, ministra de Interior y Policía, para que no sigan replicando el mismo modelo de sus predecesores.  

«El actual director de la Policía, ahora precisamente en el mes de noviembre, va a cumplir un año de los dos años que conforme a la ley policial a él le corresponde a desarrollar esa institución. Ha hecho algo, bueno, conocemos el esfuerzo que ha venido haciendo, pero hay cosas como los intercambios de disparos se están quedando atrás, y él debe reflexionar para que no salga por la puerta de atrás como han salido todos los directores», explicó. 

«En el caso de la ministra, que tuvo una voz muy cantante sobre el problema de los intercambios de disparos, de las actuaciones policiales en las que ellos no lo actúan en el marco constitucional y de los reglamentos que nosotros como grupo de trabajo le aportamos. Y ella como es la jefa superior, no me gusta usar el término jefa, pero ella es realmente la que después del presidente de la República tiene el mando, porque la Policía Nacional, conforme a la ley, es una institución adscrita al Ministerio de 
Interior y Policía. Entonces, de nada hacen que estén haciendo una rueda de prensa semanal, que estén dedicando esos esfuerzos cuando los resultados, no son observados y no se observan porque continúan los mismos métodos que en el pasado». 

Mercedes, exhortó a Raful a reunirse con los sectores para se definan estrategias que permitan la eliminación de esa mala práctica que se viene ejecutando desde la institución, «que no es solamente en este período, sino que es una mala práctica que viene desde la institución desde el año 1997 hasta el día de hoy, que es el 2024, y lo que ha costado una cifra que superan los cinco mil ciudadanos que, con el agravante en la impunidad, que ha sido el norte, porque estos casos, y es otro llamado a la Procuraduría, que debería que cada caso sea investigado conforme a lo que es el debido proceso de ley, toda vez que en la República Dominicana no existe la pena de muerte, lo que existe en el Código Penal Dominicano es que todo aquel que de una manera u otra se ve involucrado en un hecho de homicidio, en un hecho de homicidio se convierte en real, por lo tanto debe ser sometido a las investigaciones y las situaciones procesales dadas».  

Agregó que este accionar violento continúa porque no hay sanciones, «antes de prevenir, antes de apresar o antes de buscar la forma, lo más fácil es sacarlo de circulación a través de la justificación de los intercambios de disparos y eso es inaceptable con el Estado Democrático y Social de Derecho». 

María Teresa De Jesús/SIN 

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