San Juan de la Maguana, R.D. – La propuesta de realizar estudios de impacto ambiental para la mina de oro Romero ha desatado un debate acalorado en San Juan de la Maguana. Mientras algunos sectores abogan por su realización como un paso hacia el desarrollo económico, otros expresan profundas preocupaciones sobre los riesgos ambientales.
Opiniones a favor
Recientemente, en una manifestación con el lema “San Juan merece Saber”, diversas organizaciones sociales y campesinas exigieron al gobierno la autorización para realizar estos estudios. Los defensores argumentan que es esencial evaluar el impacto potencial de la minería en el medio ambiente antes de tomar decisiones sobre su explotación.
Antonio Fermín, presidente del Consorcio de Desarrollo Agropecuario de San Juan, quien anteriormente se opuso a la mina, ha cambiado su postura. “La incertidumbre sobre la riqueza que podría mejorar nuestras vidas nos lleva a pedir que se hagan estos estudios. Necesitamos saber si la explotación será perjudicial o beneficiosa”, declaró.
Un estudio socioeconómico sugiere que la mina podría aportar hasta 46,000 millones de pesos en impuestos directos y donaciones, así como generar alrededor de 6,000 empleos y contribuir con 116 millones de pesos mensuales a la economía local. Los defensores creen que, si los resultados son favorables, la minería podría ser una solución efectiva para combatir la pobreza en la región.
Opiniones en contra
Por otro lado, diversos sectores, incluidos ambientalistas y representantes de comunidades cercanas, se oponen firmemente a la explotación de la mina. Argumentan que la minería puede tener efectos devastadores en el ecosistema local, incluyendo la contaminación de fuentes de agua y la destrucción de hábitats.
Héctor Ramón Familia, un líder comunitario crítico del proyecto, sostiene que “la protección del medio ambiente y la salud de nuestra población deben ser la prioridad”. Exponen que los estudios podrían llevar a una aprobación que comprometa el futuro del entorno natural y de las comunidades que dependen de él.
Además, algunos grupos argumentan que la promesa de empleo y desarrollo económico no justifica los riesgos potenciales asociados con la minería. En sus palabras, “no podemos permitir que la búsqueda de beneficios inmediatos comprometa nuestra tierra y nuestros recursos”.
Debates se mantienen
El debate sobre la mina Romero en San Juan de la Maguana refleja una compleja intersección de intereses económicos y ambientales. A medida que las manifestaciones a favor de los estudios de impacto ambiental continúan, la presión sobre el gobierno se intensifica para que tome decisiones que equilibren el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. La comunidad aguarda con expectativa la respuesta del presidente Luis Abinader sobre la autorización de estos estudios, que podrían definir el futuro de la región.
