Redacción.- El Gobierno de Joe Biden, en su último tramo en la Casa Blanca, anunció este 10 de enero nuevas sanciones dirigidas a ocho funcionarios clave de la Administración de Nicolás Maduro.
La decisión llega en un momento crítico, coincidiendo con la investidura del líder chavista para un nuevo periodo presidencial, marcado por denuncias de fraude en los comicios del pasado 28 de julio.
Las medidas punitivas, que forman parte de una estrategia más amplia contra Caracas, buscan presionar al régimen venezolano por supuestas violaciones a la democracia y los derechos humanos.
Entre los funcionarios sancionados figuran el recientemente nombrado jefe de la petrolera PDVSA, Héctor Obregón, y el ministro de Transporte, Ramón Velásquez.
Entre las sanciones se incluyen restricciones financieras y la congelación de activos de los implicados, cuyas identidades aún no han sido reveladas.
En paralelo, Washington aumentó significativamente la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, llevándola a 25 millones de dólares, un monto sin precedentes en la historia reciente de las relaciones entre ambos países.
Este incremento refuerza la posición de Estados Unidos al considerar al mandatario venezolano como una figura central en la desestabilización política y social del país.
El gobierno de Biden ha mantenido una línea dura contra Caracas durante su mandato, promoviendo sanciones económicas, diplomáticas y personales contra los principales actores del régimen chavista.
Estas últimas acciones subrayan el compromiso de Washington con la restauración de la democracia en Venezuela, según señalaron fuentes oficiales.
