Por: Hernán Paredes
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, está empeñado en reformar la Constitución y tiene todo el poder para hacerlo, hasta sin consenso. El mandatario ha dicho públicamente que busca poner candados a la Carta Magna para evitar futuras modificaciones a conveniencia de los presidentes de turno y dotar al Ministerio Público de verdadera independencia.
A simple vista parece hacer sentido lo propuesto el Jefe del Estado, pero al ver los detalles del proyecto de reforma, explicado por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, la cosa no parece estar tan clara. Por ejemplo, los candados pueden ser modificados en el futuro por cualquier otro presidente que tenga una mayoría congresual parecida a la coyuntura actual, pues ninguna constitución es totalmente rígida.
Por el otro lado, se destapa el escándalo de que en el mismo proyecto se despojaría de jerarquía constitucional al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano de gobierno de esa instancia, para dejarle la definición de este asunto una simple ley, lo que algunos califican de incorrecto o hasta de contrareforma.
La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM)aseguró que, con la eliminación del artículo 174 de la Constitución de la República Dominicana, donde se instituye con carácter constitucional el Consejo Superior del Ministerio Público, se busca “relegar ese órgano constitucional a un órgano dependiente de una ley adjetiva, lo que a su juicio haría mermar su autonomía o, incluso, desaparecerlo”.
Analicemos aún más la supuesta intención de otorgarindependencia al Ministerio Público, pues la propuesta del Poder Ejecutivo lo que establece es que, en vez de que él Procurador General de la República sea designadodirectamente por decreto del presidente, este sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, de una propuesta de nombre (no de terna) que haga, nada más y nada menos, que el propio Presidente de la República ¿Qué diferencia realmente existe entre el método actual y este otro que se propone?
Ahora bien, además de todo lo anterior, es mi pensar que en nuestro país, más que estar reformando la ya tan modificada Constitución, deberíamos de priorizar que las regulaciones vigentes se apliquen correctamente, como la ley de transporte (No. 63-17) y sus reglamentos, o trabajar en reformas apremiantes como la fiscal, o modificar la ley de seguridad social para hacerla más justa. Somos el país con más leyes y regulaciones, pero fallamos enormemente en fiscalizar su cumplimiento.
Luis Abinader ha dicho varias veces que quiere ser recordado como un presidente reformador, pero ¿Qué mejor reforma que, de una vez y por todas, se creen las herramientas y se asignen los recursos presupuestariosadecuados para hacer cumplir las leyes vigentes?
Así es que la mejor reforma que podemos hacer es provocar un cambio de la cultura de irrespeto y negligencia en la aplicación de las leyes, para que deje de ser un poema romántico lo de “Estado Social y Democrático de Derecho”definido en la Constitución y se convierta en una realidad palpable por todos los dominicanos y dominicanas.
