Desde hace varias décadas la política de nuestro país hacia Haití ha tomado un rumbo que afecta considerablemente los intereses y la seguridad más legítimos del pueblo dominicano.
La apertura de las fronteras terrestres entre las dos naciones, junto a la poca vigilancia que se ejerce en ellas para evitar la penetración de las grandes masas haitianas que huyen sea de la miseria o sea de la opresión a que están sometidas, expone al pueblo dominicano a grandes peligros que podríamos decir que son permanentes.
Como dijo el doctor Balaguer en su libro La Isla al Revés, no hay razón de humanidad que justifique que nuestro país, con sus propios problemas, reciba la mayor parte de las masas que en el país vecino carecen ya de espacio vital y que necesitan para subsistir que les sea abierto con generosidad el suelo de otros países mejor dotados por la naturaleza.
Haití y la República Dominicana, arrinconadas fatalmente en una misma isla, ambas codiciadas por las grandes potencias de otras épocas y ambas objeto de la misma explotación en nombre de una ¨cruzada civilizadora¨, tienen que encontrar vías de avenencia que permita el crecimiento y desarrollo de cada país.
Ese peligro latente adquiere ahora dimensiones gigantescas ante la desintegración del Estado vecino, así como por la falta de orden y de control efectivo del territorio por parte del gobierno haitiano.
La derivación de la corriente del rio Masacre por parte de Haití, en franca violación del tratado de 1929 y sus protocolos posteriores, además de constituir una provocación, abre otro capítulo en las relaciones binacionales.
Si a todo este complicado entramado le agregamos el deseo de las grandes potencias de buscar una solución dominicana al problema haitiano, es indudable que el país se encuentra en una situación delicada. La mayoría de los dominicanos no aceptan el despropósito que acabamos de señalar.
El presidente Abinader, interpretando ese sentir, convocó a un diálogo a las fuerzas vivas de la nación, con el fin de trabajar en un Pacto Nacional para ejecutar políticas de Estado frente a Haití. De las mesas de discusión formadas para esos fines sale el documento firmado el 26 de octubre próximo pasado.
El Pacto fue suscrito por notables representantes de las fuerzas vivas del país, como las agrupaciones políticas; rectores de las principales universidades; el empresariado nacional y `por figuras relevantes del país, con notables ausencias del liderazgo partidario.
Independientemente del peso de algunas de las objeciones que compartimos, todas subsanables mediante conversaciones francas y sinceras, no hay razón de Estado que permita explicar esa ausencia. La misma podría reflejar un desconocimiento de los peligros que enfrentamos con el problema haitiano.
Hay que entender que para reclamar a la comunidad internacional ayuda para Haití, la solicitud debe formularse con una clase dirigente unida, aun no esté de acuerdo con todo lo plasmado, respaldando una política de Estado frente al problema haitiano, recalcando lo que ha dicho el presidente de la República: ¨No hay ni habrá solución dominicana al problema haitiano¨.
Finalmente, Haití es un tema de Estado que no puede politizarse y los representantes de los partidos ausentes adoptando esa actitud de intransigencia parecen estar anteponiendo intereses grupales por encima del interés nacional.
Por Joaquín Ricardo
