Santo Domingo. RD.- Elizabeth Silverio, quien fue condenada a siete años de prisión por ejercer ilegalmente la medicina y otras profesiones en el tratamiento de menores, se mantiene en libertad mientras espera que su caso sea revisado en apelación.
La sentencia, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el pasado 21 de octubre, también impone a Silverio una indemnización de dos millones de pesos para cada una de las nueve víctimas que presentaron querellas en su contra.
El artículo 441 del Código Procesal Penal (CPP) de la República Dominicana permite que una persona condenada permanezca en libertad hasta que la sentencia sea definitiva, siempre que se interponga un recurso de apelación. Esta disposición, aplicada en muchos sistemas judiciales, busca evitar que una persona cumpla una condena que pueda ser revertida por una instancia superior.
Waldo Paulino y Cándido Simó, abogados de Silverio, explicaron que la condenada puede seguir en libertad mientras esté vigente el plazo de apelación. Simó detalló que, una vez se lea el fallo íntegro en los próximos días, Silverio contará con 20 días laborables para apelar la sentencia. “Tras la presentación del recurso, el caso pasará a la Corte de Apelación y, dependiendo de lo que decida, podría incluso llegar hasta la Suprema Corte de Justicia”, indicó.
Silverio continúa realizando actividades cotidianas, como hacer compras y atender a su familia, en particular a sus hijos, a quienes educa en su hogar. De acuerdo con Simó, el proceso de apelación podría extenderse hasta 2025, ya que las cortes dominicanas no emiten sentencias en diciembre. “La libertad es la norma mientras no haya una sentencia definitiva”, enfatizó el abogado, añadiendo que este derecho se aplica a todos los casos.
El caso ha generado amplio interés público y diversas reacciones, pues Silverio fue condenada tras comprobarse que atendía a menores con condiciones especiales sin poseer las credenciales médicas requeridas. La apelación, sin embargo, mantiene en suspenso la ejecución de la sentencia y será un tribunal superior el que determine el desenlace final del proceso judicial.
