Santo Domingo, R.D.- El empresario canadiense Antonio Carbone ha solicitado públicamente al presidente Luis Abinader que se ordene una investigación exhaustiva de su caso, tal como se hizo con el de Paula Santana, la joven asesinada cuya situación generó una respuesta rápida del gobierno.
En un encuentro con la prensa, Carbone expresó su frustración por lo que califica como una violación sistemática de sus derechos de propiedad y la inacción de las autoridades para hacer cumplir una sentencia judicial favorable que, desde hace años, ordena la restitución de sus bienes.
Durante su intervención, Carbone comparó la situación actual de la República Dominicana con la que vivió El Salvador antes de las reformas implementadas por el presidente Nayib Bukele, a quien elogió por su liderazgo. El empresario denunció que existen “mafias y pandillas” incrustadas en ministerios e instituciones gubernamentales dominicanas, lo que a su juicio, impide el respeto a la Constitución y obstaculiza la justicia.
Una sentencia ignorada
Carbone, propietario de importantes activos en el país, detalló que la justicia dominicana ha fallado a su favor mediante una sentencia irrevocable del Tribunal Constitucional (TC-0367-21) que ordena la devolución de sus propiedades, que incluyen 13 casinos, 200 bancas deportivas, 1500 bancas de lotería y una lotería nacional. Sin embargo, afirmó que esta resolución ha sido ignorada por las autoridades, particularmente por el Ministerio Público, lo que ha impedido la restitución de sus bienes.
El inversionista manifestó que su caso no es único. Según él, más de 100 sentencias del Tribunal Constitucional están siendo desacatadas por diferentes organismos gubernamentales, lo que refleja una crisis en la seguridad jurídica del país. “Si no hay intención de corrupción o sobornos, no hay motivo para que el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda desacaten sentencias de nuestro Tribunal Constitucional”, afirmó Carbone, quien lleva años luchando por recuperar el control de sus propiedades.
La situación política y jurídica
El empresario señaló que su enfrentamiento con las autoridades comenzó durante el gobierno de Danilo Medina, donde, según afirma, fue víctima de extorsión por parte de altos funcionarios. “Fui preso político durante cinco años bajo el gobierno del PLD y mi prisión se extendió por tres años más bajo la administración del presidente Abinader”, relató Carbone. Fue liberado finalmente en enero de 2024, pero sigue enfrentando dificultades para recuperar sus bienes.
El empresario criticó los esfuerzos actuales del gobierno por reformar la Constitución, argumentando que, si no se respetan las leyes actuales, cualquier reforma sería irrelevante. “No entiendo para qué quieren reformar la Constitución si no se respeta la ley suprema vigente”, señaló.
Impacto en la inversión extranjera
Carbone advirtió que su situación está afectando la percepción internacional sobre la seguridad jurídica en la República Dominicana, lo que podría disuadir a otros inversionistas de traer capital al país. “Los inversionistas se ven reflejados en mí, y se abstienen de hacer negocios en la República Dominicana por miedo a perder sus inversiones”, explicó. Además, señaló que esta situación también afecta negativamente a la economía y al turismo, sectores vitales para el país.
A pesar de la experiencia amarga, Carbone expresó su cariño por la República Dominicana, a la que calificó como uno de los mejores países del mundo. Reconoció que su decisión de invertir millones de dólares en el país fue motivada por su potencial, especialmente durante el gobierno de Leonel Fernández, aunque lamentó que tras la salida de Fernández, la seguridad jurídica y la inversión extranjera hayan sido menospreciadas.
Un llamado a la justicia
Durante la conferencia, moderada por los comunicadores Jhosson Capell y Alcibíades Rincón, Carbone hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que su caso sea investigado con el mismo rigor con que se abordó el de Paula Santana. Señaló que, al igual que en otros casos de alto perfil, su situación merece una revisión exhaustiva, especialmente dado que su lucha ha estado acompañada de amenazas e intimidaciones contra periodistas que han dado cobertura a su historia.
“Exijo igualdad ante la ley y respeto a la propiedad privada, tal como lo declaró el presidente Bukele en la ONU. Una vez un país abandona esos principios, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo”, enfatizó Carbone.
El empresario canadiense cerró su intervención subrayando la urgencia de reformar el sistema judicial y administrativo dominicano para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa y transparente, sin importar el poder o influencia de las partes involucradas.
