Vozz Matutina.- En el marco de las recientes controversias sobre los procesos de licitación pública en República Dominicana, el Dr. Eric Hazim, abogado especialista en Compras y Contrataciones Públicas, ha ofrecido una serie de declaraciones contundentes. Hazim ha señalado graves fallos estructurales en el sistema de compras del Estado, haciendo un llamado urgente a la reforma y modernización del marco regulador de las contrataciones públicas.
Sus declaraciones, tras el polémico caso de los semáforos inteligentes en Santo Domingo, han dado nueva luz a la necesidad de fortalecer los controles y responsabilidades de las instituciones encargadas.
El caso de los semáforos: un ejemplo de irregularidades sistémicas
El doctor Hazim expresó su profunda preocupación por el caos en torno a la licitación de los semáforos inteligentes para Santo Domingo, un caso que ha expuesto serias irregularidades y negligencias por parte de las autoridades competentes, en la Entrevista Central del programa Vozz Matutina, que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la mañana a través del canal 85 de Vozz Media network en la plataforma de Claro TV, Wind TV, OYouTube Live y Santiago TV.
Según Hazim, la anulación del proceso de licitación por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) fue correcta, pero insuficiente para frenar las acciones irregulares del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y de la empresa contratista.
“El problema de fondo radica en que las instituciones que deberían fiscalizar el proceso de contratación no están coordinadas. Vimos cómo, a pesar de la anulación de la adjudicación, el proyecto continuó su ejecución, causando serios problemas de tráfico en la ciudad. Eso no solo es una falta grave, es un síntoma de un sistema que no tiene control”, señaló Hazim.
Propuestas de reforma: creación de tribunales especializados
Uno de los principales puntos de las declaraciones de Eric Hazim es la propuesta de establecer tribunales especializados en contrataciones públicas, una idea que ha ganado fuerza en los últimos años debido a la creciente complejidad de los casos relacionados con licitaciones y compras del Estado. Según el especialista, la existencia de estos tribunales podría agilizar la resolución de conflictos y reducir los espacios para la corrupción.
“En países con sistemas más avanzados en cuanto a transparencia y eficiencia, los tribunales de contratación pública son una garantía de que cualquier controversia que surja en un proceso licitatorio será resuelta de manera rápida y con el máximo rigor legal. Aquí en República Dominicana, tenemos casos que se arrastran por años, lo que permite que las irregularidades persistan y que los ciudadanos paguen el costo”, explicó Hazim.
El abogado destacó la necesidad de que estos tribunales cuenten con personal especializado, que conozca a profundidad la Ley de Compras y Contrataciones, así como los mecanismos de auditoría y control financiero. “No podemos seguir permitiendo que los mismos actores que participan en las licitaciones sean quienes decidan sobre sus propios fallos. Necesitamos un cuerpo judicial dedicado, independiente y bien capacitado en la materia”, enfatizó.
Las irregularidades del Intran: un vacío de responsabilidad
Uno de los aspectos más críticos de las declaraciones de Hazim fue su análisis del papel del Intran en la ejecución del proyecto de semáforos, a pesar de la anulación del contrato. Según el abogado, este tipo de actuación refleja un vacío en las responsabilidades institucionales y pone en entredicho la capacidad de los órganos de control para frenar decisiones fuera del marco legal.
“El hecho de que una entidad como el Intrant haya continuado con la implementación de un contrato anulado es sumamente grave. Aquí lo que vemos es un uso inadecuado de los recursos públicos y una desconexión entre las distintas agencias del Estado. La Dirección General de Contrataciones Públicas puede hacer su trabajo, pero si las entidades ejecutoras como el Intran no respetan las decisiones, es como si estuviéramos tirando piedras al vacío”, criticó Hazim.
El abogado también advirtió sobre las consecuencias legales que podrían derivarse de este caso, tanto para los funcionarios involucrados como para la empresa contratista. “Este es un caso donde no solo hablamos de infracciones administrativas. Aquí podrían haber indicios de delitos penales, como la falsificación de documentos o la negligencia en la supervisión de los fondos públicos, lo que debería ser investigado por las autoridades competentes”, afirmó.
El impacto en la confianza pública y las finanzas del Estado
Para Eric Hazim, la falta de transparencia y control en las contrataciones públicas no solo afecta la ejecución de los proyectos, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. “Cada vez que ocurre un escándalo de esta magnitud, la población pierde la fe en que las cosas se pueden hacer bien. Esto afecta el cumplimiento de otros proyectos y genera un ambiente de desconfianza que termina por paralizar la acción del gobierno”, sostuvo el experto.
En cuanto al impacto económico, Hazim señaló que los retrasos y sobrecostos en los proyectos mal gestionados son una carga para el presupuesto nacional. En el caso de los semáforos inteligentes, el costo final superó por más de 100 millones de pesos lo inicialmente estimado, lo que representa un serio desbalance financiero. “Estos excesos en los costos son producto de una mala planificación y una ejecución irresponsable, y son los contribuyentes quienes terminan pagando por ello”, agregó.
Conclusión: una reforma impostergable
Las declaraciones del Dr. Eric Hazim reflejan la urgencia de una reforma integral en el sistema de compras y contrataciones públicas en República Dominicana. Para el especialista, la creación de tribunales especializados y una mayor coordinación entre las entidades de control son pasos esenciales para corregir el rumbo y evitar que casos como el de los semáforos inteligentes se repitan.
“La falta de supervisión y las lagunas legales solo permiten que continúen las irregularidades. Debemos fortalecer nuestras instituciones y crear mecanismos efectivos que garanticen la transparencia en el uso de los fondos públicos. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los proyectos, en lugar de beneficiar a los ciudadanos, se convierten en fuentes de problemas y corrupción”, concluyó Hazim.
