Santo Domingo.- Transcore Latam, la empresa encargada de la red semafórica de Santo Domingo, ha estado en el centro de múltiples controversias desde su creación, marcada por denuncias de falsificación y sabotaje. Desde su constitución, mediante un esquema societario cuestionado y envuelto en señalamientos de dueños ocultos, hasta las amenazas de interrumpir el sistema de control de tránsito, la empresa ha enfrentado problemas legales y administrativos que culminaron en la toma de control por parte del Estado.
Este lunes, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, acusó a Transcore Latam de sabotear intencionalmente la red semafórica, lo que habría provocado un apagón parcial de semáforos la semana pasada. En respuesta, el Estado rescindió de inmediato el contrato con la empresa, que ya había sido suspendido previamente por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Los problemas con Transcore Latam salieron a la luz pública en octubre de 2023, cuando la DGCP suspendió el contrato de la empresa con el Intrant, destinado a la modernización y gestión del sistema de tráfico de Santo Domingo. Según documentos, Transcore fue constituida en julio de 2022, apenas meses antes de que se abriera la licitación que ganó. Su gerente y mayor accionista, Pedro Vinicio Padovani Báez, era un exempleado del Intrant, lo que levantó sospechas sobre posibles conflictos de interés.
La empresa, registrada en Delaware, Estados Unidos, y con un capital social de mil millones de pesos, también ha sido objeto de críticas por constantes traspasos de acciones y por utilizar documentos sin consentimiento para justificar experiencia en la licitación.
A finales de noviembre de 2023, el informático José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, afirmó ser el propietario del 80% de las acciones de la empresa, lo que complicó aún más el panorama legal y societario.
En diciembre, Contrataciones Públicas inhabilitó el registro de proveedor de Transcore por presentar documentación falsa durante el proceso licitatorio. Además, las amenazas de desconectar la red semafórica por parte del abogado de la empresa, tras perder un recurso legal, incrementaron las tensiones con las autoridades. No obstante, el Intrant aseguró que mantendría el funcionamiento normal del sistema de semáforos en Santo Domingo, a través del Centro de Gestión y Control.
El futuro de la gestión semafórica del Gran Santo Domingo ahora está en manos del Estado, que busca estabilizar y asegurar la correcta operación del tráfico vehicular tras la conflictiva gestión de Transcore Latam.
AT
