Santo Domingo.- El exdirector de Casinos y Juegos de Azar, en el periodo 2016-2019, Óscar Arturo Chalas Guerrero, se declaró culpable de corrupción y acordó con el Ministerio Público (MP) devolver al Estado un total de 20 millones de pesos como resarcimiento por daños y perjuicios, informó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Chalas Guerrero, quien es imputado junto a los exministros Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), en un caso que implica supuestamente estafar al erario, realizó la devolución mediante cheques.
El exdirector de Casinos también entregó dos vehículos, un Audi Q7 y un Volvo XC90, valorados en 3 millones de pesos.
La directora de Pepca, Mirna Ortiz, destacó que la devolución se realizó de manera voluntaria y corresponde a los fondos que Chalas Guerrero recibió dentro de la estructura criminal señalada.
“El imputado ha devuelto al Estado la suma de 20 millones de pesos, montos correspondientes a los fondos obtenidos de manera ilícita”, indicó Ortiz, subrayando que este tipo de acuerdos contribuyen a la recuperación de recursos públicos y al fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.
Durante su declaración, Chalas Guerrero explicó que asumió responsabilidades sin tener un conocimiento profundo de los procedimientos administrativos y que sus acciones se dieron bajo las instrucciones de superiores en la institución.
Durante su declaración, detalló que durante su gestión detectó anomalías graves, incluyendo el pago de sobornos para permitir el funcionamiento de bancas ilegales y la entrega irregular de sobrepremios a banqueros.
Explicó que estas prácticas eran parte de una estructura corrupta que aprovechaba vacíos administrativos y la falta de supervisión efectiva dentro de la institución.
Dijo que, aunque intentó desarticular la red, admitió que no logró hacerlo completamente debido a la resistencia de ciertos sectores involucrados en las operaciones ilícitas.
El caso, que continúa en desarrollo, forma parte del proceso judicial seguido contra varios exfuncionarios y empresarios acusados de integrar una red que habría defraudado al Estado con más de 21 mil millones de pesos durante gestiones anteriores.
