Santo Domingo.- La madre de la empresaria Catherine Marie Najri Nadal, fallecida en el trágico accidente de la discoteca Jet Set, solicitó una indemnización de RD$300 millones y prisión preventiva contra los propietarios y administradores de la empresa Inversiones E y L, SRL, que regentea el centro de diversión.
Son ellos Antonio Espaillat López, Ana García López, Maribel Espaillat de Beras y Evelyn Espaillat de Aybar.
La señora Cynthia Mercedes Nadal Porro, querellante y actor civil, afirma que su hija Catherine Marie era madre soltera de dos hijos que estudian en universidad y colegio de los Estados Unidos, quienes, tras su muerte con la caída del techo de la discoteca, quedaron huérfanos de madre.
Agrega que por ese hecho “ha sufrido inconmensurablemente la pérdida de una de sus hijas, un daño moral inmenso, indescriptible, desgarrador, pero, sobre todo, un alto sentimiento de impotencia”, al saber que el accidente en el que su hija resultó ser una de las más de 200 víctimas, pudo ser evitado si tomaban las decisiones adecuadas.
Sus abogados, Alejandro Tejeda Estévez y Lionel Correa Tapounet, sustentan los pedimentos de su cliente en los artículos 1382 , 1383 y 1386 del Código Civil Dominicano, el primero de los cuales establece que “cualquier hecho del hombre que cause a otro un daño obliga a aquél por cuya causa sucedió a repararlo”; siendo la función principal la responsabilidad civil la de asegurar la reparación de los daños y perjuicios sufridos por las víctimas.
El 1383 dice que “Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solo por un hecho suyo, sino “por negligencia e imprudencia; y el 1386, que “el dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya o por vicio en su “construcción”.
En sus conclusiones, los juristas solicitan librar acta de que Nadal Porro se constituye en querellante y actor civil para reclamar en su oportunidad a los imputados, en forma conjunta y solidaria, las sanciones penales que establece ley “por ser estos penalmente responsables …” y el abono de los daños y perjuicios que sus acciones hubieren causado, estimados en RD$300 millones, como única forma de compensar el terrible daño causado.
