Redacción.- Desde que aparecieron las primeras ciudades primitivas, tiempo después de la revolución agrícola hace 12 mil años, nuestra especie empezó a lidiar con problemas derivados de la densidad poblacional. Así aparecen las primeras formas de gobiernos, de ejércitos y hasta la propia escritura, que surgen como herramientas para lidiar con la administración, protección y planificación de recursos.
Hoy en día seguimos lidiando con lo mismo, alta concentración de personas en áreas limitadas, solo que a una escala jamás imaginada por nuestros ancestros primitivos, sin mencionar cómo la revolución industrial y la aparición del vehículo motor potenciaron nuestra forma de desplazarnos. Según la ONU, más del 50% de la población mundial vive ya en ciudades y se proyecta que, para el 2050, unas 7 de cada 10 personas viva en zonas urbanas.
En República Dominicana más del 80% de la gente habita hoy en las denominadas áreas urbanas, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). La Región Ozama, popularmente conocida como el Gran Santo Domingo, concentra el 35.3% de los 10,760,028 habitantes del país. Considerando lo anterior, sumado al hecho de que esta región tiene una participación promedio en el PIB nacional de más del 40%, estamos hablando de una de las urbes más importantes y de más rápido crecimiento de la región.
Es por todo esto que, durante aproximadamente tres décadas, hemos estado tratando de buscar mejores soluciones a las necesidades básicas de millones de personas (3,798,699 según último CENSO), distribuidas en 1,420 km2, de los cuales solo algo más del 20% constituyen zona urbana. Si consideramos que en el Gran Santo Domingo aproximadamente el 90% habitantes vive en esta pequeña proporción de área urbana, comprenderemos porqué iniciamos la construcción de un metro en el Distrito Nacional casi dos décadas antes que capitales como San José en Costa Rica.
Es decir que, empujados por necesidad, hemos venido estudiando y emprendiendo acciones para lidiar las necesidades de desplazamiento de los habitantes de el Gran Santo Domingo, sin embargo, hasta el año 2017 no habíamos organizado todas esas intenciones en una política verdaderamente integral, con sustento científico y visión a futuro. Por eso la sociedad dominicana pactó ese año un cambio de paradigma que institucionalizó, a través de la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
A partir del año 2017, apoyados en el nuevo marco jurídico, se elaboraron y se empezaron a implementar planes maestros de movilidad y seguridad vial, con expertos locales y la asesoría de organizaciones como el BID, la AFD, la OPS/OMS, la Universidad de Valencia, así como gobiernos de países amigos, como Costa Rica y otros actores.
Gracias al plan maestro de movilidad sabemos que en el Gran Santo Domingo se producen más de 3 millones de viajes diarios, con un tiempo promedio de 1 hora y media, así como que más del 70% de estos desplazamientos se producen por razones obligatorias, es decir, por trabajo y estudio, siendo la dirección del flujo entre municipios, mayormente, desde la provincia Santo Domingo hacia el Distrito Nacional. Un 42% de estos viajes se producen en vehículo privado y el 36% en transporte público.
En fin, para no alargarles la historia, tenemos un Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible para el Gran Santo Domingo, donde se establece claramente iniciativas en el corto, mediano y largo plazo, para hacer de la movilidad en esta demarcación una más segura, eficiente y sostenible. La ejecución de dicho plan se ralentizó por la pandemia, pero, incluso luego del cambio de gobierno, las autoridades entrantes anunciaron que lo continuarían.
¿Qué ha faltado entonces? Que las actuales autoridades comprendan que para dar continuidad a una política pública como esta, se deben respetar los principios jurídicos, científicos y sociales con que se concibió originalmente.
Para que entendamos cuales han sido los errores de pretender continuar una política pública, sin respetar su filosofía original, pondré de ejemplo el proyecto que buscaba la modernización de la red semafórica y el Centro de Control de Tráfico de Santo Domingo. Este fue iniciado en el año 2018, como parte de las iniciativas del plan maestro, pero se ralentizó durante la pandemia y, a pesar que, posteriormente, el gobierno actual pretendió continuarlo, la mala gestión administrativa del mismo ha provocado su paralización por sabe Dios que tiempo.
Imaginen gestionar el tránsito de una de las urbes más dinámicas de Latinoamérica sin la tecnología adecuada, es decir, sin semáforos inteligentes, ni sensores, ni cámaras, ni softwares para conocer el flujo vehicular en tiempo real, de manera que se puedan tomar las decisiones de reprogramación semafóricas más adecuadas, todo desde un Centro de Control de Tráfico bien equipado.
A todo lo dicho hasta ahora, añadan un órgano rector, el Instituto Nacional Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), al que le han quitado funciones y que no ha podido operar correctamente en los últimos tres años, con el agravante de que actualmente está siendo dirigido por un funcionario que ya tiene las manos llenas dirigiendo, al mismo tiempo, otra institución tan compleja como es el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911.
Así que pregunto de nuevo ¿Qué falta? Pues sencillo, falta la voluntad real, al más alto nivel, de implementar el plan maestro de movilidad para el Gran Santo Domingo, pero de la manera correcta, así como se necesita dinero, mucho dinero para ejecutar acciones que fundamentalmente se orientan a la construcción de un sistema integrado de transporte colectivo de calidad y seguro que, combinado con otros estímulos y herramientas, provoquen disminuir la preferencia del vehículo privado para desplazarse. Quizás se carezca de la visión para entender que todo esto que decimos no puede verse como gasto, sino como una inversión con altísima rentabilidad.
Finalmente, el reciente foro convocado, por actores sociales, medios de comunicación y la academia, debería ser para debatir el porqué, si sabemos que hacer con el tránsito, desde hace tiempo, no lo hacemos.
POR HERNÁN PAREDES
