Santo Domingo, R.D.-El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) habría transferido RD$1,200 millones al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para financiar la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, según investigaciones en el marco de la Operación Camaleón. Este caso de presunta corrupción involucra a funcionarios y empresarios en una trama de desfalco y estafa contra el Estado.
De acuerdo con las autoridades, el Intrant tenía solo RD$104 millones presupuestados para la “modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica” en su Plan Operativo Anual (POA). Sin embargo, el contrato para dicho proyecto fue inflado en un 1,053 %, alcanzando los RD$ 1,200 millones.
El exdirector del Intrant, Hugo Beras, señalado como “coautor y facilitador” de la supuesta corrupción, está acusado de participar en una red que, según el Ministerio Público, favoreció a la empresa Transcore Latam, propiedad del empresario José Ángel Gómez Canáan (Jochi Gómez), otro de los imputados. La licitación habría sido alterada para beneficiar a esta empresa, modificando los requisitos a su medida.
Transferencias del IDAC
El expediente detalla que, para obtener los fondos necesarios, Beras impulsó la transferencia del IDAC en mayo de 2023, invocando la Ley de Aviación Civil núm. 491-06. La operación se realizó en tres pagos: RD$240 millones en junio, RD$600 millones en septiembre, y RD$360 millones en noviembre de este año.
Implicados en el caso
Además de Beras y Gómez, el caso involucra a otros funcionarios del Intrant, como Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; y Carlos José Peguero Vargas, encargado técnico de la empresa de Gómez.
Investigación en curso
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación del Ministerio Público, afirmó que la investigación continúa y no se descarta la participación de más personas en el esquema de corrupción. Además de los cargos de estafa y desfalco, los acusados enfrentan acusaciones por falsificación, coalición de funcionarios, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, robo de identidad y otros delitos relacionados con alta tecnología. El caso, aún en fase investigativa, sigue generando expectativa ante la posibilidad de nuevas revelaciones.
