El juez Amaury Martínez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha dictado un auto de no ha lugar a favor de Juan Asael Martínez en el polémico caso Medusa. Martínez, quien previamente había rechazado un acuerdo penal abreviado propuesto por el Ministerio Público, fue absuelto después de que las alegaciones de extorsión presentadas en su contra no fueran suficientemente sustentadas por las pruebas.
El juez Martínez argumentó que las evidencias proporcionadas, que incluían una transferencia bancaria y un cheque, no lograron establecer de manera concluyente la implicación de Juan Asael Martínez en una estafa contra la Procuraduría General de la República relacionada con la compra de alimentos para recintos carcelarios. La falta de pruebas contundentes mantuvo la presunción de inocencia del imputado, llevando a la absolución de Martínez.
El fallo también desestimó las querellas civiles interpuestas por los abogados del Estado y la Fundación Alfredo Nobel, citando la falta de méritos suficientes para sostener responsabilidades penales en este caso.
En contraste, el juez validó cinco nuevos acuerdos imputados en el caso Medusa con el Ministerio Público, además de aplicar dos criterios de oportunidad. Los imputados, al aceptar su culpabilidad y colaborar con la fiscalía, lograrían reducir sus condenas y acordarían la entrega de bienes al Estado.
Entre los acuerdos, Cesarión Morel Grullón y la Constructora Morel Grullón fueron condenados a 1 año y 6 meses de prisión suspendida, comprometiéndose a testificar y entregar un terreno de más de 6,500 metros cuadrados. Sean Hudson Dawggins y Smart Logistics International también recibieron una condena de 3 años de prisión suspendida, con la obligación de testificar y entregar equipos valorados en 500 mil dólares a la PGR.
Otros imputados, como José Alberto Abbott Brugal, Distribuidora Ropi, Hilda Cristina Jackson, Ropalma, Rossanna Vianela Pimentel y Comercial Viaros, fueron multados con 722,744 pesos y se les canceló sus registros mercantiles.
El caso Medusa continúa generando controversia y seguirá siendo observado de cerca por los sectores implicados en el sistema judicial dominicano.
