EFE
El juez de Estados Unidos que durante más de dos años ha llevado el caso de extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) avaló este 28 de septiembre del 2021 que el exmandatario sea entregado a las autoridades peruanas, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida.
Con el visto bueno de la Justicia estadounidense, dependerá ahora del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano.
Dado que ha sido el propio Gobierno de EE.UU. el que ha representado los intereses de Perú a lo largo del proceso, todo hace suponer que Blinken procederá con la extradición, aunque por el momento el Departamento de Estado aún no se ha manifestado al respecto.
Para que el Ejecutivo estadounidense pudiera proceder con la extradición, antes la Justicia del país debía determinar que el fugitivo era “extraditable“, es decir, que la acusación contra él tenía base legal y se ajustaba al tratado entre ambos países.
“El tribunal ha considerado las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero”, escribió en su resolución -a la que tuvo acceso Efe- el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco.
El tratado de extradición entre ambos países que ha examinado el juez y en virtud del cual se puede proceder con la entrega de Toledo a las autoridades peruanas se firmó el 26 de julio de 2001, justo dos días antes de que Toledo accediera a la Presidencia de Perú.
El expresidente fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión, al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de covid-19.
Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el exmandatario de 75 años habría recibido hasta USD 35 millones de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.
La decisión del magistrado llega solo cuatro días después de que el pasado viernes se celebrara la vista de extradición, en la que la defensa de Toledo pidió que se desestimara el caso en base a las aparentes contradicciones e inconsistencias de los dos principales testigos en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía peruana.
En conversación telefónica con Efe el sábado 25 de septiembre, Toledo, que entonces todavía se mostró esperanzado de que la Justicia estadounidense demostraría su inocencia, tildó de “delincuentes” al empresario israelí Josef Maiman y al exempleado de Odebrecht Jorge Barata.
“Se contradicen entre ellos. Qué se puede esperar de dos delincuentes?”, apuntó el exmandatario, que este martes no pudo ser localizado por Efe para conocer su valoración sobre la decisión judicial.
La resolución de hoy por parte de la Justicia es firme y no puede ser apelada, aunque la defensa de Toledo sí podría solicitar como último recurso una orden de “habeas corpus” para comparecer ante un tribunal y que este decida si su arresto fue o no legal.
Aun así, la petición de “habeas corpus” por parte de Toledo no paralizaría automáticamente el proceso, sino que sería la Corte la que tendría que ordenar específicamente que se ponga en suspensión la extradición mientras esta se resuelve.
El juicio de extradición, inicialmente previsto para principios de este año, fue pospuesto varias veces siempre a petición de la defensa, que de forma repetida solicitó más tiempo para revisar y traducir los documentos enviados por Perú.
