Vozz Media – En un reciente diálogo con el jurista Julio Cury, se ha puesto de relieve una serie de reflexiones sobre la judicialización de los procesos en República Dominicana y el respeto a las garantías del debido proceso. La conversación se centró en la actuación del Ministerio Público y en cómo la filtración de información y la aplicación de medidas de coerción han impactado la percepción pública y el curso de la justicia.
Cury subrayó que la judicialización de los casos ha llevado a un contexto en el que, según su observación, el Ministerio Público ha dejado de lado el respeto al carácter excepcional de las medidas de coerción. En lugar de aplicarlas de manera prudente, se ha optado por la prisión preventiva como norma, lo que contradice tanto la Constitución como el Código Procesal Penal. Este uso indiscriminado de la prisión preventiva, argumenta Cury, responde en parte a la presión mediática y a una búsqueda de complacencia con el gobierno, especialmente en los primeros meses de la administración actual.
Además, el jurista criticó la forma en que el Ministerio Público ha manejado el llamado "criterio de oportunidad" en casos complejos. Según Cury, esta herramienta ha sido utilizada de manera arbitraria para favorecer a ciertos imputados, como es el caso de Emilio Jiménez, a quien se le ha exonerado de responsabilidades a pesar de su papel clave en los hechos investigados. Cury enfatiza que la acción penal debe ser más severa para los coautores que para los cómplices, y que en este caso específico, la actuación del Ministerio Público ha distorsionado esta lógica.
El debate también abordó la necesidad de reformas en el sistema judicial y la creación de un Ministerio de Justicia. Cury expresó su apoyo a la idea de una reforma constitucional para garantizar la independencia del Ministerio Público y mejorar la estructura del Tribunal Constitucional, sugiriendo incluso la creación de salas especializadas para agilizar los procesos y resolver conflictos de competencia.
Se discutió la necesidad de incluir el desacato como un tipo penal en el nuevo Código Penal. La falta de sanciones claras por el incumplimiento de decisiones judiciales, según Cury, es un problema grave que fomenta una cultura de desacato y socava la eficacia del sistema judicial en el país.
¡Entendido! Con base en el texto que has proporcionado, voy a añadir un par de párrafos a la noticia que redacté anteriormente, abordando el tema de la reforma constitucional en la República Dominicana y la posición del presidente Luis Abinader. Aquí te presento la noticia ampliada:
La Reforma Constitucional y la Reelección Presidencial
La reforma constitucional en la República Dominicana ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para el sistema político y la reelección presidencial. Según Cury, la interpretación adecuada de la reforma constitucional depende de la doctrina y la jurisprudencia establecidas, y no de la simple modificación del texto constitucional. En este sentido, el criterio de la vieja Suprema Corte de Justicia, que sugirió que una reforma podría retrotraer efectos sobre situaciones ya configuradas bajo una constitución anterior, no tiene una amplia aceptación en la comunidad jurídica. Cury argumenta que esta posición no es correcta, ya que la nueva constitución no puede desconocer derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior.
En relación con el presidente Abinader, la pregunta clave es si, con la entrada en vigor de una nueva constitución a partir del 16 de agosto, él estaría habilitado para un segundo período consecutivo o para postularse en el futuro. Cury sugiere que, de acuerdo con la lógica jurídica predominante, la nueva constitución no puede ignorar los períodos ya cumplidos bajo la normativa anterior. Por lo tanto, el presidente Abinader no podría optar a una reelección inmediata en 2024 ni en futuros períodos, si se sigue la interpretación coherente de la jurisprudencia y la normativa vigente.
Ademásn menciona que la reforma constitucional de 1994, conocida como el Pacto por la Democracia, estableció un precedente al recortar el período presidencial y vicepresidencial de cuatro a dos años, lo cual fue posteriormente confirmado por la Suprema Corte de Justicia. Esta decisión refleja que las reformas constitucionales pueden tener efectos retroactivos solo en la medida en que no afecten derechos adquiridos bajo la constitución anterior.
En el programa Vozz Matutina el doctor enfatizo que el debate sobre la reforma constitucional no solo se limita a la reelección presidencial, sino que también abarca aspectos fundamentales del sistema de justicia y la administración pública.
La participación del Ministerio Público en la divulgación de información sobre procesos judiciales y la percepción pública de los imputados son temas que deben ser tratados con rigurosidad para asegurar la imparcialidad y la presunción de inocencia. El papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la formación de la opinión pública sobre estos temas es un aspecto crítico que debe ser cuidadosamente gestionado para evitar la distorsión de la justicia y la vulneración de derechos fundamentales.
Contaminación Mediática y su Impacto en la Justicia
Julio Cury también al ser cuestionado sobre la influencia mediática en los procesos judiciales, especialmente en casos de alto perfil como la Operación Calamar, advierte que la percepción pública puede ser moldeada por la cobertura mediática, afectando la presunción de inocencia de los imputados. "El Ministerio Público, al disponer de recursos públicos y posiblemente de periodistas en nómina, puede influir en la opinión pública, vulnerando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso". El profesor señaló que en otras jurisdicciones, como Estados Unidos y España, el Ministerio Público tiene restricciones más estrictas sobre la comunicación de detalles de los casos en curso para preservar la objetividad y la justicia del proceso. "Es crucial que se respeten estas garantías para asegurar un juicio justo"
