El Gobierno de Joe Biden ha anunciado cambios en el sistema de asilo con el objetivo de abordar la crisis migratoria en un año electoral.
La normativa, publicada este jueves, acelera el proceso de rechazo para aquellos inmigrantes que no cumplan con los requisitos, particularmente aquellos con antecedentes penales.
El secretario de Seguridad del Ejecutivo, Alejandro Mayorkas, comunicó que estas medidas permiten identificar y deportar rápidamente a personas que representen una amenaza para la seguridad y que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos.
Actualmente, quienes llegan a la frontera estadounidense para solicitar protección son interrogados por las autoridades migratorias bajo la premisa del "miedo creíble", lo que les permite permanecer en libertad mientras se procesa su solicitud, sin embargo, este proceso puede llevar varios días o meses, o incluso hasta que un juez tome una decisión sobre el caso.
Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interior informó en una llamada que la normativa no cambia fundamentalmente el proceso de asilo para la mayoría de las solicitudes, pero proporciona a las autoridades migratorias una nueva herramienta para identificar casos con vínculos potenciales con actividades terroristas y que representen una amenaza para la seguridad nacional.
Algunos defensores de los derechos humanos han criticado estos cambios, argumentando que la primera barrera que enfrentan los migrantes para evitar deportaciones es injusta.
La repatriación puede resultar en una prohibición de varios años para volver a ingresar a Estados Unidos, mientras que cruzar la frontera entre dos garitas migratorias puede conllevar una pena de hasta 5 años de prisión.
La administración Biden busca ordenar el flujo migratorio en la frontera con México, en mayo del año pasado, el presidente habilitó la aplicación CBP One, que permite recopilar las solicitudes de asilo.
Tres organizaciones civiles, con sede en Texas y California, presentaron el miércoles una demanda en un tribunal federal, argumentando que la aplicación a la que se accede por teléfono viola las leyes de protección de datos personales de los extranjeros.
