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Cuando el gobernador de Texas Greg Abbott puso en marcha una investigación de los padres de algunos niños transgéneros, una supervisora de la unidad que vela por el bienestar de los menores, Randa Mulanax, dijo que lo que estaba sucediendo rebasaba los protocolos normales. Había muchos secretos, se desalentaban los mensajes de texto e emails. Las denuncias asociadas con los chicos trans recibían prioridad.
En Texas, menos de tres de cada diez investigaciones de posibles abusos de menores generan conclusiones de que, efectivamente, puede haber habido abusos. Mulanax sospechó que, en los casos de los niños trans, desde un primer momento se sabía cuáles serían las conclusiones.
“Me pareció que querían que hubiese ‘razones para creer’” que hubo abusos, declaró Mulanax a la Associated Press en su primera entrevista desde que se fue del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, donde trabajó seis años, hasta que renunció el mes pasado. Lo que está sucediendo “no encaja con nuestras políticas”, afirmó.
En cualquier momento la Corte Suprema de Texas puede pronunciarse en torno a nueve investigaciones de padres de niños transgénero. Debe decidir si pueden continuar o no. Son las primeras investigaciones de este tipo que se llevan a cabo desde que el gobernador republicano de Texas dispuso en febrero que se empezasen a manejar los casos de niños que se someten a procedimientos de confirmación de género como abuso de menores. Es la primera orden de ese tipo que se imparte en Estados Unidos.
La batalla legal en Texas se da en momentos en que los republicanos de todo el país se enfocan en los transgéneros y procuran impedir que participen en justas deportivas de mujeres.
Texas, no obstante, es el único estado donde un gobernador republicano autorizó que se investigue a los padres de niños transgéneros bajo sospecha de que cometen abusos de menores. Varios empleados activos o que ya dejaron los servicios de protección del menor dicen que la directiva afectó mucho la moral del personal, que ya de por sí era baja.
No está claro cuántos investigadores –llamados a poner en vigor la directiva de Abbott– renunciaron para protestar la orden. Mulanax es una de al menos dos empleadas de los Servicios de Protección del Menor que se han ido. Ambas sumaron sus nombres a los de un grupo que esta semana pidió a la justicia que suspenda las investigaciones de los padres. La solicitud fue firmada también por otros cinco empleados que siguen en funciones.
La orden de Abbott se aplica a tratamientos como el uso de bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales.
Patrick Crimmins, portavoz del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, desistió de comentar el tema en vista de que hay un proceso legal en curso.
Shelby McCowen, investigadora de la unidad que vela por el bienestar de los menores, dijo que la directiva de Abbot fue “la gota que colmó el vaso” y que está renunciando después de trabajar menos de un año en ese departamento.
En Texas se hicieron más de 157,000 investigaciones de posibles abusos de menores en el último año fiscal, de acuerdo con estadísticas del gobierno. McCowen dijo que los casos que involucran a padres de niños trans son tratados como si hubiese muerto un menor. Igual que Mulanax, aseguró que se dio la orden de no hablar de estas investigaciones en emails y llamadas. Solo se puede hacer usando aparatos personales o cara a cara.
Las investigaciones son catalogadas como “asignaciones especiales” y no se les da un nombre o un número, como de rutina, según McCowen. Indicó que se había informado al personal que se haría una consulta interna para ver cuál era la reacción a la directiva, pero que no se hizo ninguna.
La directiva de Abbott va en contra de la opinión de las principales organizaciones médicas del país, incluida la Asociación Médica Americana, que se oponen a las medidas restrictivas que los republicanos impulsan en las legislaturas estatales de todo el país.
El jueves, en el Día de la Visibilidad de los Trangéneros, el presidente Joe Biden criticó esas iniciativas, diciendo que la “ola de leyes estatales antitransgéneros está equivocada”.
El procurador general de Texas, Ken Paxton, republicano, dijo que, si el departamento de protección del menor “no puede investigar posibles abusos de niños, los niños podrán sufrir daños, tal vez irreversibles”.
Mulanax expresó que, si se permite la reanudación de las investigaciones, difícilmente se saque de su casa a un menor en las ciudades más grandes de Texas porque están controladas por los demócratas.
En caso de que se determine que hubo daños, no tendría sentido tomar las medidas típicas de estas situaciones. Generalmente se dispone la supervisión de los padres o servicios como terapias, medidas que según Mulanax ya probablemente han sido tomadas.
Expresó que, para ella, la orden representa “una traición total” de lo que representan los servicios de protección del menor.
