Dentro de los tantos temas políticos y sociales que afectan positiva o negativamente el diario vivir del noble pueblo dominicano, existe uno que de manera muy particular impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos sin importar su condición económica, este es la reforma fiscal.
Antes que nada, debemos definir que es una reforma fiscal: En materia fiscal, una reforma es una reconsideración y readecuación de la norma tributaria por la que se rige el estado en materia de recaudación de impuestos para fines de su subsistencia.
Es una reformulación y actualización de la manera en que el estado, en su condición de veedor fiscal, procede con la recaudación eficiente y oportuna de los fondos para proveer bienes y servicios de calidad a los ciudadanos.
Si bien es cierto que esta reforma es, desde el punto de vista del tiempo, justificada y hasta necesaria, no habiéndose propuesto antes por el costo político que esta conlleva, es igual de cierto que la importancia que esta reviste hoy en términos de actualización de la norma, no tuviera mayor preponderancia si el estado, en su papel garantista de las buenas ejecutorias públicas, fuera menos permisivo, mejor administrador y tajantemente consecuente con los inescrupulosos, malhechores, sinverguenzas, farsantes, irresponsables, apáticos, conchudos y bandoleros que usan las arcas públicas como patrimonio particular, sustrayendo lo que es del pueblo y atentando contra el bienestar general y con nulas consecuencias legales para quienes protagonizan este acto inmisericorde.
Mientras estas fechorías continúen ocurriendo sin repercusión legal relevante y ejemplar, un gobierno que no hace más que malgastar los fondos públicos y toma miles de millones de dólares para cubrir el gasto y pagar deuda sobre la creación de otra deuda, hablar de una reforma fiscal se torna y se convierte en una burla para el pueblo Dominicano por parte de unas autoridades incompetentes e desalmadas.
Un estado con estas características debe reevaluarse, autodepurarse y reencauzarse. Debemos crear un plan de nación que procure y precise devolver a corto, mediano y largo plazo, la dignidad a un pueblo que merece mejores y más eficientes gobernantes.
Nada es tan letal ni lacera más los sueños y derechos de la mayoría que un estado cómplice de lo mal hecho, torpe, indolente e ineficiente en el castigo. Estos hechos promueven la deshonra de sus actores quienes dejan de ser ejemplo para la mayoría y que auspician el deterioro de las buenas costumbres desmotivando así el esfuerzo del ciudadano de seguir el camino moral, social y legalmente correcto.
Finalmente, creo oportuno concluir diciendo que bajo las circunstancias actuales, el pueblo Dominicano no estará en disposición de aceptar ninguna transformación fiscal de ninguna índole que venga a castigar aún más la ya maltratada capacidad adquisitiva de la gente que cada día se hace más consciente de la actitud oportunista y manipuladora del gobierno del famoso cambio que ha Sido hasta ahora toda una utopía irrealista.
