Colombia.- La mañana de este jueves, Matthew Watson Croulet se subió a un taxi en Medellín. Estaba desorientado. El reporte de la Policía asegura que solo se acordaba dónde se estaba hospedando. El conductor lo llevó a un hotel en El Poblado, un barrio turístico y muy popular entre los extranjeros.
Cuando el ciudadano estadounidense de 25 años entró al sitio, lo que vieron los trabajadores los perturbó. Parecía drogado. Estaba claro que no estaba bien. Preocupados, los empleados llamaron a una ambulancia. Watson, mientras tanto, siguió hasta su habitación. Lo hallaron muerto allí a las 9.25. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para que establezca la causa del fallecimiento, afirma la Fiscalía.
El de Watson es el último caso de un problema en aumento: cada vez más turistas extranjeros están muriendo en Medellín. Según la Personería distrital, el año pasado hubo 37 muertes violentas ―por causas no naturales― de extranjeros en la capital de Antioquia. Un promedio de uno cada 10 días. En lo que va del 2024, 359.000 turistas han visitado la ciudad, y ya se han producido 29 muertes violentas de extranjeros, más de una por semana. De mantenerse el ritmo el año cerraría con 61. Los casos parecen seguir un patrón, afirma la misma entidad.
Hace poco, el 31 de mayo, otro ciudadano estadounidense apareció sin vida en un hotel en Laureles, también una comuna turística. Una empleada encontró a Jaime Eduardo Cisneros, de 54 años, tendido en una cama. Su cuerpo estaba semidesnudo, enrollado en una sábana, sin signos de violencia. Las autoridades todavía no han determinado la causa de su muerte. Indican que el hombre ingresó durante la madrugada a su habitación con una mujer. Ella salió poco después. Él no.
Turistas, drogas y prostitución
Carlos Calle lidera el Observatorio de Turismo de la Personería Distrital de Medellín. Se dedica, justamente, a generar informes sobre el comportamiento del turismo en la ciudad. Explica por teléfono que la urbe cerró 2023 con el mayor índice de visitantes extranjeros en su historia: casi 1,5 millones.
“También fue el año donde más vimos muertes violentas de extranjeros”, afirma. Según él, Medellín es segura para el turista. Sin embargo, dice que existe un “perfil negativo” de visitantes cada vez más frecuente. “Las situaciones en las que se ven negativamente afectados estos turistas extranjeros están casi siempre relacionadas con la búsqueda de droga o de prostitución”, afirma.
La cuna de Pablo Escobar y alguna vez una de las ciudades más peligrosas del mundo, Medellín se ha convertido en los últimos años en un lugar deseado por viajeros internacionales. Es conocida en Colombia por ser la ciudad de la innovación, de la belleza, de la fiesta, de la narcocultura. Eso ha traído consecuencias positivas y, por supuesto, también negativas.
En los últimos años, cada vez más extranjeros acuden a la capital paisa con la intención de pagar por sexo, actividad que no es un delito en Colombia, siempre y cuando no sea con menores de edad. Algunos de estos visitantes también se involucran en la explotación sexual de menores de edad, algo totalmente prohibido.
Aunque los días de Escobar ya están en el pasado, Calle recuerda que la ciudad es sede de un gran número de bandas criminales, que ofrecen exactamente lo que buscan los turistas de “perfil negativo”: drogas y trabajadoras sexuales. Según el investigador, muchos de los viajeros de ese tipo terminan en situaciones peligrosas, consumiendo altas dosis de estupefacientes en entornos que pueden ser inseguros.
Algunos criminales locales incluso se aprovechan para proveerles escopolamina. También llamada burundanga, se trata de una droga conocida por sus poderes de “sumisión química”. Se ingiere sin ser percibida y se puede ocultar en bebidas, ser inhalada, o soplada a la cara. La víctima pierde la voluntad y, más adelante, probablemente olvidará lo ocurrido. Incluso puede morir.
Calle destaca que, dentro de los millones de turistas que viajan a Medellín todos los años, los que lo hacen buscando sexo y droga son relativamente pocos, pero en cifras crecientes. Agrega que es importante “que lleguen con algo de responsabilidad”. “Número uno, en Colombia la explotación de menores es un delito. Eso no lo vamos a tolerar. Número dos, no acepte bebidas de un desconocido en un bar. No acepte subirse a un carro de un desconocido. Si quiere irse con una chica, comparta la ubicación o por lo menos trate de mantenerse en comunicación con alguien”, explica.
Con él se muestra de acuerdo Yiri Milena Amado, la más reciente directora de la Fiscalía General de la Nación en el Valle de Aburrá, región en la que se encuentra Medellín. Amado salió de su cargo en mayo, luego de que fuera eliminado por la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo. Antes de ello, en marzo, dio una entrevista a Semana sobre la oleada de muertes de turistas extranjeros en la ciudad.
Explicó que los casos tenían un elemento en común: “Cócteles mortales”. En el artículo, la revista explica que, en los lugares donde han hallado a los viajeros fallecidos, la Fiscalía ha encontrado una mezcla de varias drogas: “Cocaína, tusi y marihuana. También potenciadores sexuales, como viagra, y botellas repletas de alcohol”.
Todo a plena vista, en las calles de Medellín
Las versiones de Amado y de Calle coinciden con lo que se ve en las calles de Medellín. El pasado mes de abril, EL PAÍS viajó a la ciudad para hacer un reportaje sobre los extranjeros y la explotación sexual. Los testimonios de varias trabajadoras sexuales y múltiples visitantes dejaron claro que las drogas son un elemento fundamental de ese entorno.
Sentada en el Parque Lleras, donde decenas de extranjeros acuden todas las noches para pagar por sexo, la proxeneta que se presentó como Alexa Gómez narró que necesitaba drogas para acostarse con clientes. “Te pone feliz, y a todo el mundo le gusta una sonrisa”, aseguró. Otra trabajadora sexual, que prefirió mantener el anonimato, contó que sus clientes solían consumir muchas drogas, y que a menudo animaba a los hombres a consumir más, como una estrategia para evitar tener que acostarse con ellos.
En un bar del Parque Lleras, un ciudadano estadounidense de 78 años, que se presentó como Bob, compartía una mesa con tres trabajadoras sexuales. Dijo que llevaba años visitando Medellín para pagar por sexo. “Aquí hay una libertad muy poco común. Puedes hacer lo que te dé la gana”, comentó.
Durante la entrevista, el hombre, oriundo del estado de Virginia del Oeste, le dio 50.000 pesos (12 dólares) a una prostituta y le pidió que le consiguiera cocaína. La mujer aceptó el dinero, se retiró y tardó en volver.
A lo largo de la siguiente media hora, Bob les preguntó reiteradas veces a las otras dos mujeres por el paradero de su compañera y de la droga. Yuliet, como se presentó una trabajadora sexual que dijo tener 24 años, explicó que al norteamericano le gustaba mucho drogarse: “Mete demasiada cocaína y quiere que nosotras lo hagamos también. A mí no me gusta, me da miedo, prefiero el tusi. Pero igual meto cocaína cuando me lo pide”.
La explotación sexual de menores
Algunos extranjeros también viajan a Medellín con la intención de explotar sexualmente a menores de edad, lo que equivale a cometer un delito en Colombia. El pasado 28 de marzo, un ciudadano estadounidense de 36 años fue descubierto por la Policía en un hotel de El Poblado junto a dos niñas de 12 y 13 años. Según la ley colombiana, el consentimiento sexual en menores de 16 años solo existe si la pareja es mayor por hasta tres años. Pese a la diferencia de edad de Timothy Alan Livingston, el hombre fue dejado en libertad poco después y regresó dos días más tarde a Florida. Un juez colombiano expidió en abril una orden de captura en su contra, pero sigue libre en Estados Unidos.
Menos de un mes después, la Policía estadounidense capturó al pedófilo norteamericano Stefan Andrés Correa. El hombre había viajado 45 veces desde Estados Unidos a Colombia en dos años para abusar de menores de edad. Durante la investigación, las autoridades le encontraron nueve celulares en los que tenía numerosas pruebas de los abusos sexuales, además de conversaciones con un proxeneta colombiano que, presuntamente, lo conectaba con niñas en Medellín, a donde Correa viajaba para explotarlas sexualmente.
Estos dos casos conmocionaron a la capital antioqueña y llevaron a que el alcalde Federico Gutiérrez, que se posesionó el 1 de enero, lanzara una enorme campaña de prevención. En los últimos tres meses, la capital antioqueña se ha llenado de carteles que intentan prevenir la explotación sexual de menores.
“Ni lo intentes, es un delito”, se leen. Estos avisos cubren las paredes de los dos aeropuertos de la ciudad. También se ven en muchos hoteles y restaurantes. No existen cifras oficiales de cuántos menores de edad han sido explotados sexualmente en Medellín en 2024. El año pasado se reportaron más de 320 víctimas de este delito en la urbe, según la ONG Valientes Colombia.
El País