Santo Domingo, R.D.- El Ministerio Público ha detenido a siete personas vinculadas a la Operación Camaleón, un complejo caso de corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Entre los detenidos se encuentran Hugo Beras Goico, exdirector del Intrant, y varios altos funcionarios y empresarios que presuntamente participaron en la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios destinados a la gestión de la red de semáforos y videovigilancia en el Gran Santo Domingo.
Los implicados y su rol en la trama
Según la orden de arresto 2024-AJ0020784, emitida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Hugo Beras Goico es señalado como el principal facilitador de este entramado de corrupción. Se le acusa de haber dirigido y autorizado, entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, la adjudicación de contratos a empresas que no cumplían con los requisitos técnicos ni legales para llevar a cabo estos proyectos. Entre estas compañías se encuentra Transcore Latam S.R.L., que habría sido beneficiada de manera irregular.
Junto a Beras, se encuentra Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien fungía como coordinador de Despacho del Intrant y representante ante el Comité de Compras. Díaz Warden es acusado de manipular los procesos de licitación para favorecer a las empresas involucradas en el esquema fraudulento.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, también está bajo investigación por haber facilitado que la empresa Transcore Latam S.R.L. tomara control de los sistemas de semáforos y videovigilancia, a pesar de que esta no cumplía con los requisitos necesarios. Baquero habría alterado evaluaciones técnicas para garantizar que la empresa fuera seleccionada, poniendo en riesgo la seguridad vial.
El empresario Jochi Gómez, propietario de la empresa Aurix S.A.S., es descrito por las autoridades como el principal beneficiario económico de la red de corrupción. Gómez controlaba fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia a través de su empresa, utilizando además a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos de manera ilícita, lo que configura un esquema de lavado de activos.
Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, también es señalado como parte clave del esquema. Tras su renuncia, habría colaborado directamente en las actividades fraudulentas, participando en el fraude licitatorio y en el desvío de fondos.
Finalmente, Carlos José Peguero Vargas, es acusado de movilizar fondos públicos a través de su empresa INPROSOL S.R.L. para favorecer el esquema de corrupción. Se le imputa haber colaborado con Gómez en la manipulación de sistemas de vigilancia y espionaje, así como en la estructura financiera ilícita.
Delitos y cargos
A los implicados se les acusa de haber violado diversas leyes dominicanas, entre ellas el artículo 146 de la Constitución, que proscribe la corrupción, y los artículos del Código Penal relacionados con desfalco, coalición de funcionarios, uso de documentos falsos, estafa y asociación de malhechores. Además, enfrentan cargos por sabotaje, robo de identidad, y terrorismo, de acuerdo con la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También se les acusa de violar la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como la Ley 267-08 sobre actos de terrorismo. Las autoridades aseguran que estos crímenes representan una seria amenaza para la seguridad financiera del Estado y para la seguridad vial en el país.
Arrestos y allanamientos
Los siete implicados fueron detenidos el pasado miércoles tras varios allanamientos realizados en el Distrito Nacional. Las operaciones se llevaron a cabo en las residencias de los principales acusados, incluyendo la de Hugo Beras Goico, y en las oficinas de Aurix S.A.S., la empresa de Jochi Gómez.
