Santo Domingo, RD.- La organización Participación Ciudadana, reconocida por su lucha contra la corrupción y como capítulo dominicano de Transparencia Internacional, manifestó su rechazo a la reciente política de protección de datos implementada por el Poder Judicial. Según la entidad, esta normativa podría fomentar la impunidad y debilitar la transparencia al restringir el acceso público a información clave sobre procesos judiciales.
La nueva política establece como regla general la eliminación o sustitución de datos personales que identifiquen a personas físicas, incluso por defecto, lo que, según Participación Ciudadana, invisibiliza a los infractores de la ley, en particular a aquellos vinculados con actos de corrupción.
Para la organización, esta medida contradice el principio de que la transparencia debe ser la norma y la privacidad la excepción, socavando los esfuerzos nacionales para combatir la corrupción y el crimen organizado.
Participación Ciudadana enfatizó que la Constitución garantiza la publicidad de los juicios como un componente esencial del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Esta publicidad no solo protege los derechos de los imputados, sino también el interés de la sociedad en conocer lo que ocurre en los tribunales, especialmente en casos penales.
La organización subraya que esta garantía incluye la identificación de todas las partes involucradas: jueces, fiscales, abogados, imputados, víctimas y testigos, salvo en casos específicos que ameriten protección, como menores de edad y personas en situaciones de vulnerabilidad.
Además, la organización criticó las restricciones que la normativa impone al acceso de terceros a los expedientes judiciales, lo que afecta directamente a la prensa y a los ciudadanos interesados en ejercer su derecho a la información.
Señaló que cualquier conflicto entre los derechos a la privacidad y a la información debe resolverse priorizando la transparencia, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos o bienes del Estado.
Participación Ciudadana destacó que la lista de datos protegidos bajo esta política es excesiva, incluyendo información como la cédula de identidad y electoral, un dato indispensable para evitar confusiones entre personas con nombres similares.
Según la organización, el Poder Judicial pretende emular modelos extranjeros sin considerar las profundas diferencias en el desarrollo institucional entre esos países y la República Dominicana.
En un momento en que el país enfrenta grandes retos para combatir delitos como el lavado de activos, la trata de personas, los feminicidios y la pedofilia, Participación Ciudadana instó al Poder Judicial a derogar esta política. Argumenta que representa un retroceso para los esfuerzos por fortalecer la transparencia y reducir la corrupción.
La organización alertó que esta normativa podría ser utilizada como pretexto por los jueces para limitar el acceso de la ciudadanía y los medios de comunicación a información fundamental, lo que supondría un grave retroceso en los avances logrados en materia de transparencia y acceso a la información en la República Dominicana.
