Santo Domingo, RD – El movimiento cívico Participación Ciudadana ha responsabilizado al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la aprobación de un Código Penal que, según la organización, protege la corrupción y vulnera los derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías. La denuncia se produce en un contexto de controversia sobre las reformas legales propuestas, que el PRM argumenta son necesarias para modernizar el marco legal del país.
Según Participación Ciudadana, la dirección del partido de Gobierno no puede escudarse en el carácter corporativo del Congreso para disminuir su responsabilidad en la legislación, que, de aprobarse, llevaría al país hacia normas de estados teocráticos, considerados parias internacionales. La organización hace un llamado al presidente Luis Abinader para que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo sobre la bancada de su partido.
El proyecto de Código Penal aprobado en el Senado y ahora en primera lectura en la Cámara de Diputados establece una prescripción de 20 años para los delitos de corrupción, una disposición que, según la organización cívica, viola la norma constitucional y la jurisprudencia prevaleciente.
Participación Ciudadana destaca que la corrupción es un problema mayor en el país, que impide atender adecuadamente la salud de la población, y debería ser tratada como un crimen de lesa humanidad, haciéndola imprescriptible conforme al artículo 146 de la Constitución.
La organización asegura que el Estado tiene la obligación de proteger la dignidad, integridad, libertad y seguridad personal de las mujeres, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar estos fines. Sin embargo, señalan que las mujeres más desfavorecidas están en una condición de total indefensión, afectadas por las restricciones propuestas.
Hace tres años, el proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados ignoraba los derechos de las mujeres reconocidos en más de 190 países. Ahora, el proyecto aprobado en el Senado también violenta los derechos de niños, niñas y adolescentes, provocando la alarma de numerosas organizaciones nacionales e internacionales ante lo que consideran un retroceso institucional.
Otro aspecto controversial es el artículo que penaliza la discriminación, inicialmente incluyendo la discriminación por género u orientación sexual. Participación Ciudadana recuerda que el artículo 39 de la Constitución trata sobre el Derecho a la Igualdad y condena cualquier privilegio o situación que quebrante la igualdad de los dominicanos.
