SANTO DOMINGO.- La Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP) pidió este miércoles que el Fideicomiso de Punta Catalina vaya a vistas públicas en el Senado.
"El convenio propuesto merece un análisis sereno y riguroso, y esto sólo será posible si el Senado de la República convoca a vistas públicas para conocer del contenido de este contrato, donde todos los sectores de la vida nacional puedan expresar sus consideraciones en torno al mismo", declaró el miembro de la Dirección Política de FP, Dionis Sánchez.
Expresó además, "que es preocupante que el partido de gobierno, PRM, utilice figuras como el fideicomiso para ejercer funciones que corresponden directamente al Estado Dominicano, como el caso Punta Catalina. En este sentido declararon que el fideicomiso todavía carece de normativas claras que lo regulen".
“Se trata de un instrumento apenas definido por el reglamento de aplicación de la Ley Núm. 189-11, y que adolece de cualquier desarrollo normativo que ofrezca certidumbre y seguridad jurídica al Estado o a los potenciales inversionistas privados”, dijo Sánchez, quien sirvió como vocero al leer un documento en conferencia de prensa ofrecida en la Casa del Pueblo Jhonny Ventura.
En sus palabras la falta de este ordenamiento opaca los procesos de operación y configuración de las decenas de fideicomisos públicos que se han establecido y que se pretenden establecer y, en tal sentido el partido Fuerza del Pueblo exige al gobierno desistir de esta iniciativa hasta que exista un ordenamiento jurídico.
“No existen normas que aseguren, entre otras cosas, la transparencia de los procesos de compras y contrataciones, la regulación de los procesos de endeudamiento, la certeza de que los bienes públicos aportados a los fideicomisos permanecerán en manos del Estado, los mecanismos que permitan la rendición de cuentas y la implementación de auditorías financieras que sirvan de control y fiscalización de los bienes aportados por el Estado”, detalló el senador.
El documento leído subraya, “En el caso específico del contrato de fideicomiso público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, es evidente que su lectura justifica legítimos temores en relación con la eventual suerte de los bienes que está aportando el Estado, valorados en miles de millones de dólares”.
