Eric Hazim
Abogado, Exdirector General de Contratación Pública
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Las compras y contrataciones en el sector privado tienen gran importancia por si incidencia sobre los
costos de producción de las empresas, por lo que su gestión esta orientada solo a los beneficios que se
puedan lograr. Su fin es optimizar los costos para ser más eficientes.
Las compras públicas, si bien persiguen los mismos fines de optimizar el uso de los recursos, son
consideradas, además, como una herramienta de estratégica de políticas públicas. Esto tiene que ver
con otras necesidades que afectan el estado, tales como el desarrollo de la industria, la generación de
empleos, el empoderamiento de la mujer, la inclusión social de los sectores de menos recursos y el
cuidado del medioambiente.
Es por esto que las contrataciones publicas han dejado de ser solo un procedimiento de ejecución para
la obtención de los bienes, servicios y obras que requiere el estado, para transformarse en un medio
para el desarrollo, a través de esa ejecución, de diversos sectores que, de una u otra manera pueden
aportar soluciones o mejoras respecto de los objetivos indicados.
Así en la experiencia y la practica internacional, los países han implantado, a través de sus normas, preferencias en los procedimientos de contratación para determinados sectores, tales como las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), para las empresas lideradas por mujeres, para micro procedimientos como la agricultura familiar y para empresas que utilicen criterios de sustentabilidad en su producción o en sus productos. El poder de la compra de los Estados se ha trasformado en un impulsor de las políticas públicas en el ámbito económico, social y ambiental.
Las MiPymes son las mayores empleadoras en América latina y el caribe, y Republica Dominicana, no es
la excepción, por lo que, el diseño de políticas públicas de contratación con estas empresas favorece
sustancialmente la inserción laboral. Por ello es que los gobiernos de gran parte del mundo, más o
menos desarrollados se preocupan por incentivar la participación de este tipo de empresas en las
compras públicas.
Ahora bien, uno de los obstáculos para ello, en general, son: a) información limitada sobre las demandas
de bienes, servicios u obras que requiere el estado; b) limitada disponibilidad de recursos para financiar
procesos de producción de cierta envergadura; c) Incumplimientos a tiempo en los pagos por parte del
estado; d) Exigencias de garantías en contrataciones superiores a determinados montos; e) Un alto
porcentaje de empresas MiPymes no formalizadas legalmente, etc.
Algo que hasta ahora no se mide o no se monitorea es el impacto de ello en las empresas. Uno de los
aspectos que sabemos, es la cantidad de MiPymes incorporados al sistema, por ejemplo, pero no se
cuantifica el nivel de desarrollo que estas empresas alcanzan para poder vender al estado bienes,
servicios u obras de calidad y al mejor costo posible.
Como políticas públicas, debemos ampliar los programas de capacitación a MiPymes sobre la normativa de contratación pública, en el uso de los portales de acceso Web, así como ellos pueden elaborar y preparar mejor sus ofertas para venderle al estado. Por lo que, es indispensable incentivar, aun mas, estos sectores, para el crecimiento y desarrollo del país.
