Santo Domingo.−Desde 2020, la cantidad de reembolsos de US$10 por la Tarjeta de Turista que es un impuesto que cobra la República Dominicana a los turistas que visitan el país y que les permite ingresar al país sin necesidad de una visa consular, ha experimentado un notable incremento.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha aprobado hasta mediados de agosto de 2024 un total de 37,607 solicitudes de devolución, sumando US$376,050. Este aumento se refleja en los datos recientes, con una devolución de US$118,940 en 2023 y US$63,220 hasta junio de 2024.
El crecimiento en el número de solicitudes indica una mayor conciencia entre los viajeros sobre su derecho a solicitar el reembolso, aunque no todas las peticiones son aceptadas. En el mismo período, se rechazaron 10,919 solicitudes debido a varios motivos.
A pesar de la resolución 217-2022 de la Junta de Aviación Civil (JAC), que ordenó la eliminación del cobro de la Tarjeta de Turismo para dominicanos y turistas con visa, el proceso no se ha implementado de manera uniforme. Arajet es la única aerolínea que ha adaptado su sistema para eliminar el cobro de los US$10 en los boletos para dominicanos, mientras que otras aerolíneas han solicitado extensiones debido a las complicaciones y costos asociados.
Omar Chaín, presidente de la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA), ha señalado que las aerolíneas han enfrentado dificultades para ajustar sus sistemas de boletería electrónica. Las empresas han argumentado que la implementación del sistema es costosa y compleja, lo que ha llevado a la JAC a posponer la medida mientras se resuelven los procesos judiciales iniciados por once líneas aéreas.
El rechazo de solicitudes de reembolso puede deberse a varias razones, como la presentación de solicitudes por visitantes no exentos, boletos aéreos que no incluyen la Tarjeta de Turismo, solicitudes fuera del plazo establecido y falta de documentación adecuada.
La DGII continúa supervisando el proceso de reembolsos y las solicitudes, mientras que el Ministerio de Hacienda y la JAC trabajan en la implementación completa de las nuevas normativas para facilitar el proceso y asegurar que los derechos de los viajeros sean respetados.
