Eric Hazim
Abogado, Exdirector General de Contratación Pública
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Las Normas del Sistema de Contratación Publica en América Latina, está basada en muchas experiencias,
en casos, se han elaborado con un alto nivel de formalismo procesal desde el punto de vista jurídico, y
orientadas hacia el control y el combate de la corrupción. Sin embargo, el hecho de que hayan carecidos
en general de análisis previos, respecto a la posibilidad de llevar a la práctica la norma expresada en la
ley, a dificultado mucho su implementación.
En nuestro país, la Actual Ley No. 340-06 de Contratación Publica, solo posee 80 artículos, y su Reglamento de aplicación No. 416-23, tiene 254 artículos, entro en vigencia el día 14 de marzo de este año; La propuesta actual del Anteproyecto de Ley General de Contratación Pública, tiene 245 artículos, se hará necesario un nuevo Reglamento General, y no menos de Cuatro (4) Reglamentos sectoriales, así como un Reglamento para las Compras Municipales, la adecuación de todos los manuales de procedimientos, de los documentos estándar, Pliegos de Condiciones de bienes, servicios y obras, los Contratos Marcos, en fin, eso creará grandes retos, desafíos y ello impactará el sistema de compras y contratación pública y hará aún más complejo su cumplimiento.
A través de los años los niveles de corrupción en la región, y nuestro país, no es la excepción, las nuevas normas no van impedir que se den esos casos. La corrupción es un tema socio/cultural y, por tanto, debe atacarse con educación, formación profesional, controles administrativos internos, control social, de un rol proactivo de la Contraloría General de la Republica y una Cámara de Cuentas, ejerciendo de manera oportuna su rol. La experiencia indica que los países con niveles bajos de corrupción poseen leyes y normas de contratación pública, con escasa cantidad de artículos.
Por ello proponemos que, por ejemplo, las infracciones, es decir los ilícitos penales, así como sus sanciones, que pudieren cometer los funcionarios o servidores públicos, en los procesos de la
contratación pública, no deberían estar consignados en el anteproyecto de ley General de Compras y
Contrataciones Públicas, (ver artículos 238 al 244), estoy a favor, pero deberían estar incluidos, en el
propuesto nuevo Código Penal, que se está conociendo en el Congreso Nacional.
Consideramos, que lo importante es fortalecer la gestión de los procesos de contratación pública. Ello implica un alto nivel de profesionalidad de quienes interactúan en él. Es indispensable, promover la competitividad, seguir favoreciendo a los sectores productivos nacionales, en los procesos de compra o contratación, es necesario que se tengan reglas claras para los mercados y en esto tiene gran incidencia las normas. Seguir impulsando la estandarización de los procesos, de los documentos estándar, así como la adecuación de los manuales de procedimientos, para que los proveedores encuentren procedimientos
similares en todo el sector público, y por lo tanto sepan como presentar una oferta.
Históricamente en Latinoamérica, la legislación en las compras y contrataciones públicas se ha basado en dos pilares fundamentales: La trasparencia y eficiencia, lo que significa que hasta la fecha hayan existido avances importantes en ninguno de los dos aspectos. La trasparencia se pregona, pero no manifiesta resultados satisfactorios; y la eficiencia tampoco, muchas veces por motivos basados en las mismas normas, paradójicamente, porque establecen procedimientos extremadamente complejos para el logro de esos objetivos.
El avance de la tecnología en materia de contratación publica y la implantación de los sistemas electrónicos, han generado condiciones para simplificar los procesos, pero a veces las normas
no acompañan esta evolución. Hace falta hacer reingeniería de procesos adaptados a todas esas
facilidades, pensando siempre en la factibilidad de lo que esta expresado en la norma. La Compra o Contratación pública ha evolucionado a través del tiempo para convertirse hoy en una función estratégica para el desarrollo de los estados.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE), hace algunas consideraciones para que las compras publicas dejen de tener un enfoque “burocrático” de solo cumplimiento de normas y pasen a ser gerenciales, con el propósito de obtener un mayor valor por el dinero invertido. Estas están basadas en trabajar más sobre la planificación y el monitoreo, reducir riesgos, identificar necesidades, mejorar los procesos y el cumplimento de los pagos, en tiempo oportuno a los proveedores, y convertirla así en una cuestión estratégica para el desarrollo.