Por John Jairo Ogando
La inversión extranjera directa (IED) es un motor crucial para el desarrollo económico en los países emergentes y en vías de desarrollo (EMDEs). Su llegada suele traducirse en nuevos empleos, reducción de la pobreza, impulso a la innovación y transferencia de tecnología. Un fenómeno conocido como spillover effect o efecto derrame.
Sin embargo, atraer IED no ocurre por casualidad. Uno de los factores más determinantes —y a menudo subestimado— es la gestión del riesgo político. Aquí nos referimos a la probabilidad de que eventos derivados de la dinámica política, tanto interna como externa, que pueden alterar el entorno operativo de empresas e inversionistas.
Desde reformas fiscales, expropiaciones, huelgas o conflictos, el riesgo político puede frenar decisiones de inversión incluso en economías con alto potencial.
Un informe reciente de la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) —Shifting Shores: FDI Relocations and Political Risk (2024)— señala que la IED hacia los EMDEs ha disminuido en las últimas décadas por crecientes tensiones geopolíticas. Esta tendencia se acentuó tras la pandemia, cuando las cadenas de suministro globales comenzaron a priorizar estrategias de nearshoring y friend-shoring, buscando mayor cercanía a los mercados de consumo y previsibilidad política
Una herramienta útil para seguir de cerca este fenómeno en nuestra región es el Índice de Riesgo Político de América Latina, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Su edición 2025 identifica cinco grandes focos de riesgo regional:
Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, corrupción estructural, crisis migratoria y deportaciones masivas, democracia sin resultados y avance del autoritarismo, desinformación y polarización política.
A pesar de estos desafíos, América Latina tiene un papel clave que jugar en sectores estratégicos como energía, alimentos y minerales esenciales para la transición energética global. En particular, el Caribe se perfila como un beneficiario natural de las nuevas dinámicas globales de reubicación industrial, gracias a su cercanía geográfica, estabilidad y afinidad política con Estados Unidos. Además, sus servicios financieros están llamados a una modernización importante. No obstante, el cambio climático sigue siendo un riesgo transversal que requiere atención urgente.
En conclusión, reducir el riesgo político debe ser una prioridad estratégica para los países que buscan atraer inversión de largo plazo. La estabilidad institucional, la previsibilidad normativa y el fortalecimiento del Estado de derecho son señales que los inversionistas globales observan de cerca. Hoy más que nunca, la apuesta debe ser por un modelo de desarrollo anclado en una visión compartida de bienestar social, y con políticas alineadas con los principios de Environmental, Social, and Governance + Finance (ESG+F).
¿Y tú qué opinas?
¿Consideras que el riesgo político es un factor determinante para atraer inversión?
¿Cómo evalúas el panorama actual en América Latina y el Caribe?
