Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional (TC) comunicó al licenciado Angel Lockward la sentencia definitiva que obliga al Gobierno a pagarle más de RD$12 millones como resultado de una astreinte impuesta por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ante la negativa del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) de entregar un plano de un área verde en Puerto Plata, en violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
La sentencia del TSA fue recurrida por Obras Públicas ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que rechazó el recurso y luego llegó al TC, convirtiéndose en sentencia definitiva marcada con el número TC-0951-23.
En cuanto a la forma, la alta corte admitió el recurso de Obras Públicas, pero en cuanto al fondo, confirmó la sentencia de la SCJ, ordenó la comunicación y declaró el proceso libre de costas.
EL CONFLICTO
Según la síntesis del conflicto que acompaña la decisión del TC, Lockward solicitó al MOPC la entrega de información relativa a los planes de desarrollo y aprobación de planos correspondientes al área turística de Cofresí, Puerto Plata.
No obstante, esta solicitud fue rechazada por la directora de la Oficina Central de Tramitación de Planos del Ministerio, Ana María Terrero, alegando que lo solicitado respondía a información protegida por derechos de autor y, de carácter confidencial e íntimo de los propietarios y habitantes del área.
Ante esa negativa, el 23 de noviembre de 2018, Lockward radicó una acción de amparo logrando la sentencia 030-02-2019-SSEN00061, dictada por la Primera Sala del TSA el 21de febrero 2019, que ordenó la entrega de la información requerida.
Esa decisión fue recurrida por Obras Públicas, que interpuso un recurso de revisión constitucional de amparo, pero fue declarado inadmisible por extemporáneo mediante Sentencia TC/0105/20, el 12 de mayo de 2020.
El 21 de septiembre de 2020, Lockward solicitó la imposición de astreinte ante el Tribunal Superior en base a la sentencia núm. 030-02-2019-SSEN00061, lo que resultó en la sentencia núm. 030-02-2021-SSEN-00124, del 12 de marzo de 2021, que impuso al Ministerio de Obras Públicas una astreinte de RD$10,000 por cada día de retardo en cumplir con lo ordenado por el TSA.
En esa situación, Obras Públicas interpuso un recurso de casación ante la Suprema Corte, que fue rechazado por la Tercera Sala el 13 de diciembre de 2021 por la sentencia número 033-2021-SSEN-01263.
