Santo Domingo.- Pasadas las 4:00 de la tarde de este viernes, Antonio y Maribel Espaillat abandonaron la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecieron detenidos desde el 12 de junio por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que dejó un saldo de 236 muertos, 180 heridos y cientos de huérfanos.
El Ministerio Público (MP) los acusa de homicidio involuntario por supuesta negligencia en el manejo del establecimiento. Sin embargo, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, les impuso una medida de coerción consistente en una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica y la declaración del proceso como caso complejo.
Al salir del recinto judicial, Maribel Espaillat se mostró visiblemente recuperada, en contraste con su estado días atrás cuando debió ser ingresada en un centro médico tras su detención. La defensa de los hermanos destacó este cambio y reiteró que ambos han mostrado voluntad de colaborar con las autoridades.
En un comunicado emitido por la Suprema Corte de Justicia, se explicó que la medida de coerción fue determinada en función de que los imputados tienen suficiente arraigo y de que, según la legislación dominicana, la pena máxima por homicidio involuntario va de tres meses a dos años de prisión. Por esta razón, la magistrada consideró que no era procedente imponer prisión preventiva ni arresto domiciliario, como había solicitado el Ministerio Público.
El abogado de la familia informó que Antonio Espaillat retomará sus labores en los próximos días mientras enfrentan las múltiples demandas civiles que se han presentado en su contra. Asimismo, aseguró que tanto él como su hermana Maribel seguirán disponibles para cualquier requerimiento judicial y que ya han comenzado a ofrecer asistencia a algunas de las víctimas del siniestro.
De su lado, diversos sectores de la sociedad han expresado su indignación ante la medida de coerción impuesta.
Familiares de las víctimas, ciudadanos y activistas cuestionaron la decisión judicial, que consideran desproporcionada frente a la magnitud de la tragedia y a la responsabilidad que se atribuye a los dueños del establecimiento.
