Santo Domingo, R.D.- La reciente renuncia de Kelvin Cruz como alcalde de La Vega ha desencadenado un intenso debate político en la región. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se opone firmemente a la intención del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de nombrar por decreto a un nuevo alcalde, argumentando que esta medida contraviene la Constitución y las leyes vigentes.
José Dantés Díaz, miembro del comité político del PLD y secretario jurídico del partido, enfatizó en una rueda de prensa que la Ley 176-07 establece claramente que el nuevo alcalde debe ser designado entre los miembros del concejo municipal.
Dantés recordó que, de acuerdo con el párrafo II del artículo 64 de esta ley, en caso de renuncia del vicealcalde, las funciones deben ser asumidas por el secretario general o por un funcionario designado por el concejo municipal. “Ya fue designado Joel Martínez Gonzales como el sustituto del alcalde renunciante”, señaló Dantés.
La controversia se intensifica ante la propuesta del PRM de que el diputado Agustín Burgos asuma el cargo de alcalde. Esta medida ha sido rechazada por el PLD, que sostiene que el argumento presentado por el PRM es “inaceptable” y no tiene fundamento legal.
Dantés subrayó que el artículo 55, numeral 11, de la Constitución de 2010 eliminó la facultad del Poder Ejecutivo para llenar vacantes de alcaldías, un poder que sí existía en la Constitución de 1966.
Este enfrentamiento no solo refleja las tensiones políticas entre los dos partidos, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un proceso transparente y legal en la administración pública. La situación ha generado preocupación entre los ciudadanos de La Vega, que buscan estabilidad y claridad en su gobernanza.
Los líderes del PLD han instado al PRM a respetar el marco legal y a actuar conforme a las normas establecidas, advirtiendo que cualquier intento de nombrar a un nuevo alcalde sin el respaldo del concejo municipal podría provocar un mayor conflicto y desconfianza entre la población.
Con la renuncia de Kelvin Cruz y la eventual salida de Amparo Custodio, quien expresó que no tenía legitimidad para asumir la alcaldía, La Vega se enfrenta a un momento crítico.
La presión aumenta sobre el PRM para que busque una solución que respete las disposiciones legales y que, al mismo tiempo, garantice la estabilidad en el municipio.
El desenlace de esta disputa podría tener implicaciones significativas no solo para La Vega, sino también para la dinámica política en el país, en un contexto donde el respeto por las instituciones y la ley es más relevante que nunca.
