Santo Domingo, RD.- El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la Ley 1-24, que dio origen a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), mediante la sentencia TC/0767/24. La decisión responde a una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD).
La polémica ley, promulgada el 15 de enero pasado, fue cuestionada desde su aprobación, con al menos siete acciones legales presentadas en su contra. Entre ellas, organizaciones como Acción Cristiana, RD Inclusiva y el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia argumentaron que varios artículos violaban derechos fundamentales como la libertad personal, la intimidad y la libertad de expresión, consagrados en la Constitución.
Artículos más criticados
El artículo 11 facultaba a la DNI a requerir información a cualquier institución pública o privada, con implicaciones en la seguridad nacional, mientras el artículo 26 imponía sanciones de prisión de dos a tres años y multas de hasta 15 salarios mínimos a quienes se negaran a proporcionar esos datos.
Organizaciones como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtieron que la ley podría fomentar la autocensura en medios de comunicación, afectando el derecho ciudadano a la información.
Reacciones opositoras
Tras conocerse la sentencia, Leonel Fernández, expresidente y líder de Fuerza del Pueblo, calificó la decisión como “una reafirmación del compromiso con el estado de derecho y los derechos fundamentales”. Fernández ya había denunciado que esta ley representaba “un retroceso democrático sin precedentes desde la caída de Trujillo”.
Diálogo previo y modificaciones propuestas
En septiembre, el Ejecutivo presentó un proyecto de modificación de la ley, consensuado con la SDD y otros sectores, buscando corregir “ambigüedades”. Sin embargo, estas enmiendas no evitaron que el TC anulara la normativa en su totalidad.
Antecedentes de la ley
La Ley 1-24, impulsada como una herramienta para proteger la seguridad nacional y enfrentar amenazas internas y externas, fue aprobada en tiempo récord en el Congreso. No obstante, su lenguaje ambiguo y sus disposiciones sancionatorias encendieron las alarmas de múltiples sectores, generando un rechazo generalizado.
Con esta sentencia, el TC reafirma su rol como garante de los derechos constitucionales, marcando un precedente en la defensa de las libertades fundamentales en República Dominicana.
