Sentencia a sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone coto a los incesantes ataques de las autoridades de Polonia contra la independencia del sistema judicial de ese país.
Los jueces europeos han fallado este miércoles que el traslado forzoso de jueces polacos para impedirles dirimir ciertos casos puede vulnerar los principios de la inamovilidad de los jueces (para que no puedan ser separados de sus causas sin motivos legales justificados) y de la independencia judicial.
El veredicto del tribunal europeo también cuestiona el sistema de nombramiento de los miembros de las cámaras de apelación del Supremo polaco hasta el punto de reconocer el derecho de los magistrados polacos a ignorar olímpicamente sus decisiones acogiéndose a la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.
La sentencia europea, que resuelve una consulta prejudicial cursada por la cámara civil del Supremo polaco sobre el traslado forzoso de un juez de primera a segunda instancia y su recurso de apelación, amartilla un poco más el control europeo sobre los derechos fundamentales en Polonia y reduce el margen de maniobra de Varsovia, acorralada desde hace meses por la actuación de la Comisión Europea y los veredictos del Tribunal de la UE.
A principios de septiembre, la Comisión ya pidió al Tribunal que imponga una multa, potencialmente multimillonaria, por no acatar las medidas cautelares dictadas en julio para frenar el funcionamiento de una sala disciplinaria del Tribunal Supremo que, según la justicia europea, amenazaría la independencia y neutralidad de los jueces polacos.
Al mismo tiempo, la Comisión inició un procedimiento para exigir a Varsovia el acatamiento de otra reciente sentencia europea que declaró ilegal el régimen disciplinario establecido para la magistratura polaca. En ambos casos, el Gobierno polaco se expone a unas sanciones que podrían alcanzar cientos de millones de euros.
Por otra parte, Bruselas mantiene en suspenso la aprobación del plan de recuperación presentado por el Gobierno polaco en el marco del fondo extraordinario (Next Generation EU) para paliar la crisis económica provocada por la pandemia. Varsovia tiene asignados hasta 36.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos, pero el ejecutivo europeo presidido por Ursula von der Leyen sigue sin dar la luz verde para su distribución.
La mayoría de los socios de la UE, incluida España, han recibido el visto bueno a lo largo del verano y empezarán a recibir la multimillonaria ayuda este mismo año. Pero Polonia, al igual que Hungría, siguen todavía pendiente de demostrar al equipo de Von der Leyen que el dinero se utilizará en un marco de garantías suficientes y con respeto escrupuloso a las normas de un Estado de derecho.
La sentencia de este miércoles muestra, una vez más, que las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno del PIS, el partido ultraconservador dominado por Jaroslaw Kaczynski, socavan peligrosamente principios fundamentales de la UE.
Los jueces europeos subrayan en su fallo que el principio de la protección judicial efectiva de los derechos individuales es parte esencial del ordenamiento comunitario y está incorporado a la Convención sobre protección de derechos humanos y libertades fundamentales.
El tribunal europeo añade que el traslado de un juez sin su consentimiento de un tribunal a otro o entre distintas salas de uno de ellos “puede ser una forma de ejercer un control sobre sus decisiones” y puede equivaler a “una sanción disciplinaria”. El movimiento forzoso de jueces podría socavar por tanto, según la sentencia europea, la independencia judicial a través de intervenciones externas directas o indirectas.
La respuesta a la consulta prejudicial añade, además, que si los tribunales polacos aprecian que los jueces encargados de dirimir el recurso de apelación contra un traslado forzoso no han sido nombrados con las garantías de independencia suficientes, pueden considerar nulas sus decisiones.
Para ello, señalan los jueces comunitarios, pueden acogerse a la primacía del derecho de la UE, lo que envía una clara señal del órgano judicial con sede en Luxemburgo al Tribunal Constitucional polaco, donde se dirime desde hace meses, y espera pronunciarse este jueves, una consulta de las autoridades polacas que pretende poner en duda la prevalencia del derecho europeo sobre el nacional.
Pocas horas después, el Tribunal enviaba un segundo aviso con un auto de la vicepresidenta, Rosario Silva de Lapuerta, en el que rechaza la petición de Polonia de aplazar las medidas cautelares dictadas en julio por la corte europea, a instancias de la Comisión, para frenar la puesta en marcha de una sala disciplinaria en el Supremo polaco que, según Bruselas, vulnera la normativa comunitaria. Varsovia aducía que las medidas cautelares eran incompatible con una reciente sentencia del Constitucional polaco.
Pero el auto de Silva de Lapuerta recuerda a las autoridades polacas “la primacía del derecho comunitario” y que el artículo 19 del Tratado de la UE permite que “las disposiciones nacionales concernientes a la organización de la justicia en los Estados miembros puede ser objeto de control”.
Tanto el auto como el caso resuelto este miércoles por el tribunal europeo son nuevos hitos en el cerco que las autoridades comunitarias están colocando en torno al Gobierno del PIS. Bruselas confía en que la presión judicial por un lado y, por otro, el creciente control de los fondos comunitarios (de los que depende en buena parte la correcta marcha de la economía polaca desde hace dos décadas), frenen definitivamente la deriva autoritaria y antieuropea de un país donde la mayor parte de la población, según los sondeos, tiene un claro sentimiento a favor de la UE.
