Santo Domingo, R.D.- El Poder Ejecutivo de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2025. Este presupuesto, que asciende a un billón 484,234.6 millones de pesos, es parte de una iniciativa más amplia para reestructurar y racionalizar la administración pública en el país.
El proyecto prevé ingresos totales de un billón 241,364.7 millones de pesos, lo que representa un 15.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proyección se fundamenta en los esfuerzos del Gobierno para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mantener un entorno macroeconómico favorable.
En cuanto a la distribución del gasto, el presupuesto propuesto equivale al 18.3% del PIB, con el objetivo principal de garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible. Entre las áreas de mayor prioridad se encuentran la salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad.
De manera específica, se destinará un 4.10% del PIB a los órganos rectores del sector educativo, con el fin de implementar políticas educativas integrales que eliminen la fragmentación y mejoren la coordinación entre los diferentes niveles de enseñanza.
“Estamos optimizando el uso de los recursos, reduciendo el gasto corriente por duplicidad de funciones y asegurando una inversión adecuada en infraestructura educativa para proporcionar entornos de calidad,” señaló el Ejecutivo en la carta de remisión del presupuesto.
El proyecto también incluye iniciativas para reforzar los servicios económicos mediante el impulso de proyectos de desarrollo turístico en áreas estratégicas.
Se asignan recursos para continuar la construcción de un sistema de transporte integrado en Santiago y Santo Domingo, y se reafirma el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana, destinando los recursos necesarios para profundizar la reforma policial.
La política de gasto para el año 2025 prioriza la inclusión social y la calidad de vida de las familias dominicanas, buscando proteger su capacidad de consumo y medios de vida.
En el ámbito de protección social, se mantendrá el alcance del programa Supérate, que beneficia a un millón y medio de familias vulnerables, con el objetivo de reducir la desigualdad social y la pobreza multidimensional.
En cuanto al déficit fiscal, el proyecto prevé un monto de 242,869.9 millones de pesos, equivalente al 3.0% del PIB, lo que indica un esfuerzo por mantener la reducción del déficit público.
La nota de prensa destaca que el documento está alineado con las directrices de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales y cumple con la regla fiscal de gasto primario establecida en ese marco normativo.
“Esta estrategia busca asegurar la eficiencia en la asignación de recursos públicos y evitar un aumento del déficit, contribuyendo a una gestión fiscal más transparente y sostenible en el tiempo,” destacó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
El resultado fiscal proyectado y las aplicaciones financieras previstas sugieren fuentes financieras que ascienden a 350,990.4 millones de pesos, equivalentes a un 4.3% del PIB, lo que es inferior a lo observado en años anteriores. Esta tendencia hacia la estabilidad fiscal refleja un compromiso del Gobierno por lograr una gestión económica responsable y efectiva.
