Esa es la pregunta que resume todo lo que está pasando.
El Tribunal Constitucional tomó una decisión justa y necesaria: anuló las sanciones que castigaban por ser homosexual dentro de los cuerpos armados. Con esta sentencia, el Constitucional reconoce que esas normas eran discriminatorias y violaban derechos fundamentales como la intimidad, la igualdad, la dignidad de la personalidad.
Durante años, decenas de jóvenes fueron expulsados de la Política Nacional u otros organismo militares por esas reglas e incluso recibieron prisión militar simplemente por orientación sexual.
Pero la Constitución dominicana no respalda ningún castigo basado en a quién ama una persona adulta mayor de edad.
Y esa es la clave: ninguna institución del Estado puede exigir que alguien renuncie a su dignidad para servirle al país.
Esta sentencia no crea privilegios. No “cambia la moral” de las Fuerzas Armadas. Simplemente reconoce lo básico: los derechos humanos no se suspenden porque alguien use un uniforme.
El Estado no puede mantener leyes que penalicen la existencia de un grupo específico. Mucho menos cuando esos ciudadanos han jurado proteger a la nación.
Hoy República Dominicana corrige una injusticia y deja claro que ningún policía, militar u oficial puede ser perseguido por su orientación sexual.
Nadie debe ser perseguido, o encarcelado ni juzgado por ser quien es sin hacerle daño a terceros.
