Santo Domingo.- La única mujer que hasta el momento se ha visto involucrada en la operación Pandora (una red de la Superintendencia de Armas de la Policía Nacional dedicada a la venta ilegal de armas y municiones), informó a las autoridades que va a colaborar con el Ministerio Público (MP), lo cual sitúa como un testigo clave de este entramado de corrupción en esa institución.
Miguelina Bello Segura, quien es una civil y no tiene ningún tipo de arraigo con esa institución, dio detalles a los fiscales del lugar donde se encontraban 17 cajas de municiones.
Bello Segura hizo la petición en una comunicación enviada a la directora de Persecución del MP, Yeni Berenice Reynoso, a través de su abogado Osiris Disla Ynoa.
La imputada manifestó que está dispuesta a decir lo que conoce del caso, así como dar la información sobre la ubicación de la dirección donde se encuentran 17 cajas de municiones que le entrego una prima hermana.
"De acuerdo con las evidencias recabadas por el Ministerio Público, establecen que la imputada Miguelina Bello Segura, recibió para la comercialización decenas de cajas de municiones de distintos calibres para la venta de cada una al precio que oscila entre RD$5,200 y los RD$6,000, destacándose que esta se dedica a venderlos clandestinamente a nacionales haitianos, quienes la utilizan comúnmente en actividades criminales", señala la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en el expediente de solicitud de medida de coerción.
Contra Bello Segura se solicita medida de coerción junto a los demás imputados por sustracción de pertrechos de la Policía Nacional, hurtos que se hacían de "manera masiva, organizada y sistemática", según el órgano persecutor.
Detalla que el ex esposo de la acusada era un "conocido comercializador de municiones en el mercado binacional de Pedernales, actividad comercial ilícita, que ella, en coordinación con miembros de la organización criminal objeto de la presente investigación, ha continuado".
En el caso donde el MP solicita prisión preventiva y declaratoria de caso complejo, se encuentran además como imputados el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler y el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
También el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, acusado de alterar resultados de una auditoría para encubrir la sustracción de las municiones, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, quien fungía como armero en la Dirección Regional Cibao Central.
Además, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibin Medina Pérez, señalados como piezas operativas claves dentro de la organización criminal.
